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Pueblos relatan abusos ante expertos

Oaxaca: exigen cancelar concesiones mineras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 13 de octubre de 2018, p. 28

Juchitán, Oax., Representantes de comunidades que participan en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras denunciaron 22 casos de violaciones a los derechos de los pueblos y localidades indígenas de Oaxaca, al exigir la cancelación de concesiones y derogación de la Ley Minera; es decir se declaró a la entidad libre de la minería.

Los participantes expusieron casos de asesinatos, contaminación de los bienes comunales y fractura de las instancias de organización comunitaria, resultado de la actividad minera en el estado.

Solicitaron que el Senado ratifique el acuerdo regional sobre participación pública y el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Autoridades y miembros de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, mixe, mixteco, zapoteco y mestizo, en representación de 52 pueblos de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca relataron ante un jurado de expertos internacionales cómo los proyectos mineros debilitan las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a defensores del territorio, contaminan el agua y destruyen la siembra, ante la omisión o complicidad del Estado.

En Oaxaca hay activos 41 proyectos mineros de empresas originarias de Canadá, Estados Unidos, Perú y Australia, además de México.

Francisco Vásquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán explicó que la empresa Cuzcatlán explota oro y plata desde 2011 en San José del Progreso, pero ha dañado las parcelas cercanas, los dueños han encarcelado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez, opositores a esa actividad, por lo que exigieron cancelar la actividad de esa filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, y de todas las demás mineras activas en Oaxaca.

De 2002 a 2016 la Secretaría de Economía otorgó 322 concesiones mineras que suman 462 mil 974 hectáreas del estado de Oaxaca.

El jurado solicitó adoptar medidas y políticas que garanticen autonomía, formas de gobierno y estricto respeto de sus sistemas normativos. Asimismo, garantizar la vida de quienes defienden los territorios indígenas frente a las industrias extractivas, en condiciones de libertad y seguridad.