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En Guerrero la guerra sucia no terminó
Luis Hernández Navarro
N

orma Mesino es nieta, hija y hermana de víctimas de la guerra sucia en Guerrero. Desde niña vivió la feroz represión que se cebó sobre las poblaciones rebeldes de la sierra de Atoyac. Tuvimos que convivir con el Ejército –dice–, porque el Ejército tenía sitiadas todas las comunidades. Las poblaciones vivían aterradas.

Ana Acosta, su abuela, murió buscando a su hijo, Alberto Mesino Acosta, desaparecido en 1974 en el poblado de Agua Fría. Fue parte del Comité ¡Eureka!, encabezado por doña Rosario Ibarra. Su papá, Hilario Acosta, fundador de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), estuvo preso. Su hermano, Miguel Ángel Mesino, fue asesinado en Atoyac, en septiembre de 2006, en pleno día. Y a su hermana Rocío la mataron a sangre fría, el 19 de octubre de 2013.

La OCSS, la organización a la que Norma pertenece, fue salvajemente atacada en el poblado de Aguas Blanca el 28 de junio de 1995. Fueron asesinados 17 de sus socios y heridos otros 23. Era gobernador del estado Rubén Figueroa. Desde entonces, han matado a más de 30 miembros de la organización, muchos de ellos activistas y dirigentes. Otros, como Jerónimo Hernández Refugio, están en la cárcel sin sentencia.

Hace cinco años, su hermana Rocío fue ultimada arteramente por dos sujetos a bordo de una moto. Los pistoleros le dispararon cinco balazos. El crimen se cometió a 15 minutos de un cuartel militar. La policía cubrió a los criminales.

La OCSS nació en 1994 con la demanda de la liberación de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos, secuelas de la derrota del movimiento armado encabezado por Lucio Cabañas y la ola represiva contra la población civil que le acompañó. Los fundadores de la organización no podían quedarse callados mientras sus parientes estaban desaparecidos. “Queremos justicia. Queremos la presentación de nuestros familiares“, exigieron.

El acoso de militares, policías motorizadas y paramilitares contra la familia Mesino no ha cesado a lo largo de tres generaciones. Desde hace casi 50 años sus integrantes no han tenido un momento de tranquilidad. Ni el gobierno, ni los caciques, ni el crimen organizado los dejan en paz, a pesar de que ni Norma ni sus familiares son delincuentes. Son luchadores sociales que buscan el bienestar de sus pueblos y justicia.

Distan de ser las únicas víctimas en el estado. Hace casi un año, el pasado 14 de octubre, fue salvajemente asesinado el dirigente campesino Ranferí Hernández, compañero de lucha de Norma. Mataron también a su esposa, a su suegra y un camarada que lo acompañaba en el auto. Sus cuerpos fueron incinerados y la camioneta en que viajaban fue abandonada a menos de un kilómetro de un retén del Ejército.

La lista de líderes sociales ejecutados en los años recientes en Guerrero es escandalosa. Incluye a Arturo Hernández Carmona, Raymundo Velázquez, Luis Olivares, Rafael Banderas Román, Ángel Román Martínez, Juventina Villa Mojica y Francisco Piedragil Ayala. Además, fueron desaparecidos los campesinos ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.

Se trata –asegura Abel López, asesor de la Organización Indígena y Campesina Vicente Guerrero– de una política de exterminio hacia los líderes campesinos que inicia desde la década de 1960 y se mantiene hasta hoy. Comienza desde la masacre del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo; se sigue con la matanza de Atoyac del 18 de mayo de 1967; con la de los copreros en Acapulco; con el asesinato de militantes perredistas entre 1988-89; con Aguas Blancas y el Charco, y con el homicidio de los diferentes compañeros.

Es, en los hechos, continuidad de la guerra sucia (la represión militar y política implementada por las corporaciones encargadas de la seguridad del Estado mexicano, destinadas a desmantelar a los movimientos de oposición política y armada al régimen) que se echó a caminar en la entidad desde finales de la década de los 60 hasta finales de los 70.

Según el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), la guerra sucia se intensificó en la entidad cuando en marzo de 1971 el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, instruyó a sus órganos internos, con riguroso carácter secreto, sobre el Plan Telaraña, que tenía como misión la erradicación de la guerrilla, a cuyos integrantes, una vez asesinados se les daba el nombre de maleantes o gavilleros, con el propósito de no deteriorar la imagen de México.

Norma Mesino no es muy optimista sobre el papel de los Foros de Construcción de la Paz y Reconciliación Nacional. Para ella, no son la vía para alcanzar la justicia. “Muchos familiares –dice– no se han acercado precisamente porque viene un formato único. No se les debe pedir que perdonen para que haya pacificación. Se tienen que investigar cada uno de los casos. Tiene que haber justicia, pero no puede haber perdón”. No son pocos quienes piensan así. Y pareciera ser que eso no lo han calibrado suficientemente en el futuro gobierno.

Twitter: @lhan55