l viernes anterior el presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Meng Hongmei, fue declarado desaparecido, luego de que viajó a China, su país natal, y su esposa perdió comunicación con él. Un funcionario judicial de Francia dijo incluso que su país, en el que la organización tiene su sede, había abierto una investigación para dar con su paradero. El secretario general de la Interpol, Jurgen Stock, pidió al gobierno chino una aclaración sobre estos hechos.

En las horas siguientes el gobierno de Pekín informó que Meng, quien además de presidir la Interpol se desempeñaba como viceministro de Seguridad Pública de China, había sido encontrado sospechoso de violar la ley y estaba sujeto a investigación. Horas más tarde la organización policial trasnacional recibió la renuncia de su titular, con efecto inmediato.

Ayer, en un informe de la célula del Partido Comunista Chino (PCC) en el Ministerio de Seguridad Pública se le acusó de haber aceptado sobornos, sin especificar si se trata de actos relacionados con su función gubernamental en China o con su cargo en la organización internacional, y sin precisar su situación legal.

Independientemente del curso que siga la investigación de las actividades de Meng Hongmei y al margen del contexto interno en el que ésta se desarrolla –el presidente Xi Jinping mantiene desde hace seis años una campaña contra la corrupción que ha llevado a la prisión al ex responsable de Seguridad Pública Zhou Yongkang, ex jefe de Meng–, el episodio obliga a recordar que existe la posibilidad real de que el crimen organizado infiltre los máximos niveles policiales nacionales e internacionales y neutralice la acción de las fuerzas del orden mediante el poder del dinero.

Debe reconocerse, por otra parte, que el carácter globalizado de la economía contemporánea y la enorme concentración de capitales que se presenta en ella facilita la distorsión de las decisiones oficiales por medio del soborno y no existe un solo organismo internacional que pueda estar exento de amenaza en esta materia.

Es un tema del que se habla poco, pero en la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han presentado casos graves de corrupción. Cabe recordar a este respecto la detención en 2015, en Nueva York, de un ex presidente de la Asamblea General del organismo –el diplomático John Ashe, nacional de Antigua y Barbuda– y de otros cinco funcionarios y empresarios, por dar y recibir sobornos para promocionar la construcción de un centro de conferencias de la ONU en Macao.

No fue ese un episodio anecdótico ni un hecho aislado. Ya desde los años 60 del siglo pasado el diplomático uruguayo Nelson Iriñiz documentaba la extendida venalidad imperante en las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y otras instancias internacionales.

La conclusión es obvia: sea o no culpable el ex presidente de la Interpol, los organismos internacionales en general requieren de mecanismos de fiscalización autónomos y con capacidad de tomar decisiones vinculantes para impedir que sus acciones se vean desvirtuadas por el enorme poder de los sobornos.