l 27 de septiembre 2018, presentando una iniciativa que reforma la Ley-Issste, el senador por Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, sostuvo que proteger derechos de los trabajadores y garantizar beneficios del artículo 123 constitucional, son conquistas que el Estado está obligado a respetar. Mientras, la exposición de motivos sostiene que con la reforma se pretende mejorar la calidad de la seguridad social, dejando atrás deficiencias en la atención a derechohabientes. La iniciativa faculta al Issste para fiscalizar a todos aquellos con obligaciones financieras: dependencias y entidades y, al estilo de Germán Martínez (IMSS), también brinda cobertura para personas con independencia de su sexo (artículo 6). La decisión de reformar, presume la exposición de motivos, deriva de escuchar a enfermeros, doctoras, administrativos y laboratoristas (¿dónde y cuándo?) que manifiestan voluntad rotunda por transformar a México.

Sí así fuera, convendría que Villarreal y Ricardo Monreal –presidente de la Junta de Coordinación Política senatorial– quién signara y turnara esa iniciativa a Comisiones Unidas de Seguridad Social, Salud y Estudios Legislativos, respondieran –entre otras– estas preguntas:

Primera. ¿La iniciativa protege los derechos laborales y mejora la seguridad social al proponer elevar a rango de ley que el límite superior de aportaciones y beneficios del sueldo básico se calcule (artículo 17) mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA) –como ni siquiera se atreviera a hacerlo el PRI– y ya no tasados con base al salario mínimo?

La UMA, recordemos, se actualiza anualmente por el Inegi conforme a la inflación, pero los incrementos al salario mínimo general vigente (2017/18) han sido mayores. Con el cálculo en UMAs, la afectación al trabajador es directa. Según Alberto García (comentarios a la iniciativa del senador Monreal Ávila, 29/9/18), tasado en salarios mínimos, el pensionado puede alcanzar hasta 26 mil 861.44 pesos mensuales. Con la iniciativa-Monreal, tasado en UMAs, apenas aspiraría a 24 mil 502.40 pesos. Es decir: casi 10 por ciento menos.

También debe recordarse que, en ambas cámaras legislativas, varias iniciativas de ley han planteado no servirse de la UMA para calcular las prestaciones otorgadas. ¿Para proteger los derechos y mejorar seguridad social, la iniciativa-Monreal deriva de escuchar (¿dónde y cuando?)

Segunda. Con el fin de ganar calidad y suficiencia para la derechohabiencia, argumentan Villareal/Monreal, se permitiría usar las reservas para proyectos de inversión física (artículo 239). ¿Se dispondrá, entonces, de esas reservas institucionales para proteger derechos y mejorar la seguridad social, desnaturalizando que su fin es garantizar la viabilidad del Issste en el largo plazo y elevar calidad y cobertura de servicios, tal y como (artículo 232) la misma iniciativa-Monrealseñala?

Tercera. Proponen, además, que la Reserva de operación para contingencias y financiamiento sólo se constituya cuando ello sea posible, una vez cubiertas las necesidades financieras del Issste: inversion física y servicios de salud (artículo 240). Algo similar comunican (artículo 242) al contemplar recurrir a reservas financieras y actuariales de cada seguro, sobre la base de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios a derechohabiencia. ¿Se preocupan, acaso, Villarreal/Monreal por la frágil situación financiera institucional derivada de la fracasada reforma Calderón-Beltrones (2007)? ¿O, más bien, buscan sólo cumplir con resultados de calidad relámpago para el gobierno entrante, sin ocuparse del largo plazo en las comprometidas finanzas institucionales?

Cuarta. La iniciativa quiere mejorar la atención. Para ello se argumenta la necesidad de evitar dispendios y fugas. Desea sentar bases de una modernización administrativa, incluyendo compactar comités, direcciones administrativas y delegaciones estatales. Así, por ejemplo, Villarreal/Monreal proponen disminuir la Junta Directiva a 11 integrantes: la representación de los trabajadores pierde cuatro espacios. Y aunque mantiene la proporción del formato actual, limita la presencia de la diversidad de puntos de vista que pudieran existir en el conjunto heterogéneo de los representados. ¿Es la membresía de la Junta Directiva un espacio de dispendios y fugas que se evitan disminuyendo su tamaño? O más bien ¿con esta modernización pretenden, acaso, Villareal/Monreal prepararle –al director propuesto– Ramírez Pineda, un Issste a la medida, dotado de un mando prácticamente unipersonal?

Concordante con la ofrecida protección laboral y la escucha que invocan los legisladores Villarreal/Monreal desde Morena, en comisiones debiera fomentarse un auténtico debate incluyendo, al menos, a los destinatarios de la iniciativa para responder a esas y otras interrogantes, a la altura de la llamada Cuarta Transformación.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco