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El 68 a medio siglo
Pendientes, verdad, justicia y reparación de los daños
 
Periódico La Jornada
Martes 2 de octubre de 2018, p. 5

Parte de la sociedad mexicana desconoce las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado en masacres como la del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, esta última conocida como El Halconazo.

En víspera del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y otras organizaciones civiles señalaron que las autoridades mexicanas no han garantizado verdad, justicia y reparación integral del daño a miles de víctimas del periodo histórico conocido como guerra sucia (entre los años 60 y 80), caracterizado por la represión estatal y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, en el que oficialmente se reconocen 771 desapariciones forzadas.

“La crisis de violaciones a derechos humanos que hoy día vive México debe entenderse a la luz de la ausencia de verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos durante la guerra sucia. Tras la transición electoral en 2000, el Estado mexicano no generó una transición institucional que permita la abolición de prácticas represivas, ni ofreció una justicia transicional a las víctimas. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado desapareció en 2007 sin lograr el acceso a la justicia y sin construir una narrativa sobre qué ocurrió y por qué razones.

“El Estado mexicano lleva 50 años dando el mensaje de que graves crímenes en contra de los derechos humanos pueden cometerse sin consecuencia. Las víctimas y sus familiares de la guerra sucia no son víctimas del pasado. Son personas agraviadas por el Estado que forma parte de nuestra sociedad y que siguen esperando justicia.”

Indicaron que al no incluir en sus programas de enseñanza los hechos durante la guerra sucia, la Secretaría de Educación Pública ha violado el derecho a la verdad de la sociedad mexicana. Por ello, el pasado 30 de agosto presentaron una demanda de amparo –que se admitió el 25 de septiembre– para exigir a la justicia que subsane esta omisión histórica. El reconocimiento de las atrocidades cometidas por el Estado es fundamental en toda sociedad democrática.