Esposas de trabajadores de la ­cementera Cruz Azul denunciaron que han sido acosadas, antes de la celebración de la asamblea en que se renovará la dirección de la ­cooperativa.

Estamos viviendo un hostigamiento insoportable, dijo Juliana Fregoso, esposa de un trabajador.

Quienes han manifestado su oposición a la actual administración de la cooperativa han sido sujetos de múltiples denuncias penales con acusaciones falsas, como trata de personas, fraude, lavado de dinero, o delincuencia organizada, indicó.

Hace 10 años, afirmaron los afectados, la dirección de la cooperativa cementera Cruz Azul inició una campaña de desprestigio y acoso judicial contra los trabajadores que han denunciado los intentos de vender la empresa a una compañía privada y se han organizado para impedirlo.

En conferencia de prensa y más tarde en el Senado, las denunciantes –que formaron la organización CruzHada. Libres y Poderosas– explicaron que el actual director general de la cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas, junto con un pequeño grupo de directivos y de personas externas a la empresa han intentado privatizarla al menos dos veces.

Los afectados, hasta el momento, son alrededor de 20 empleados.

Quien diga algo, ya tiene una demanda en contra, y los demás, al ver lo que les puede pasar, callan. Han usado al Poder Judicial para poner denuncias sin sustento, porque las acusaciones no son reales y por eso ninguna ha terminado en sentencia. Hay un ambiente de terror por parte de toda la gente que acompaña a Guillermo Álvarez, indicaron.

La privatización de la cooperativa, aseguraron, no sólo afectaría a los 850 socios activos de la misma, sino a más de 8 mil familias cuyo sustento depende de otras 15 empresas ligadas a la cementera.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, quien recibió en esa cámara a las denunciantes, instó a las autoridades laborales, de economía y judiciales para que se garantice la libertad de expresión de los cooperativistas de Cruz Azul, a fin de que puedan elegir a su directiva de manera libre y democrática.

La señora Luz María Moreno dijo que se han unido para apoyar a nuestros esposos y llevar el caso a la opinión pública. Es un terror el que estamos viviendo; ya no podemos seguir así.

Las autoridades se han prestado al juego sucio de esta administración y han admitido demandas sin fundamento, agregó.

Ramírez Marín dijo que solicitará a los presidentes de las Comisiones de Economía, Trabajo y a la mesa directiva, que se mantengan atentos a la próxima asamblea e intervengan ante la posibilidad de que el hostigamiento persista.

Ojalá podamos poner un ojo en este proceso que se efectuará el sábado, señaló. No se trata de un proceso ordinario en una empresa, sino de garantizar el libre ejericio del cooperativismo en una compañía mexicana insignia, concluyó.