El uso del derecho es una herramienta de las comunidades que luchan contra proyectos en sus territorios que deterioran los recursos naturales y sobre los que no fueron consultadas, como ocurrió, por ejemplo, con el establecimientos de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec.

En el seminario Los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas frente a los proyectos de desarrollo, realizado en el Colegio de México, Alejandra Ancheita, de Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC, se refirió a los casos de dos comunidades en Unión Hidalgo, Juchitán, donde desde 2008 se construyó el parque eólico Piedra Larga sin proceso de consulta, a partir de contratos firmados en 2004.

Explicó que se inició un litigio por la ley agraria y demandan la nulidad de los contratos. Van cinco años del proceso y en este caso se hizo necesario pensar en el uso del derecho para proteger los territorios, donde hay violaciones a los derechos humanos.

Precisó que los parques eólicos se construyeron y ya operan, por lo que ahora se buscan estrategias preventivas, sobre todo por la posibilidad de la construcción de otros tres parques. Hay 11 juicios de amparo y también se presentó una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para denunciar violaciones de la empresas.

Alfonso Hernández, de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, refirió que la consulta a las comunidades debe ser un instrumento eficaz; recordó el caso del centro ceremonial de Wirikuta, de los huicholes, catalogado área de extracción de minerales. Añadió que se deben impulsar las herramientas legales para la defensa de los pueblos.