La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que impuso nuevas sanciones en contra de dos funcionarios por el caso del socavón en el Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca, donde el 12 de julio del año pasado murieron dos personas.

Ambos servidores públicos fueron castigados con la suspensión de su cargo durante un año, tras comprobarse que cometieron diversas irregularidades administrativas en la ejecución de los contratos de la obra.

Los funcionarios castigados son Josué Robles Rodríguez, residente de la obra del Paso Exprés, y Eduardo Saavedra Mota, residente general de la misma. Ambos habían recibido una sanción similar a inicios de este mes, como parte de un grupo de ocho servidores públicos, siete de los cuales pertenecen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el otro a la Comisión Nacional del Agua.

La SFP recordó que con estas acciones, ya suman 23 procedimientos administrativos en los que se ha castigado a un total de nueve funcionarios.

Fuentes cercanas al caso revelaron que el principal origen de las irregularidades en el Paso Exprés fue que las obras iniciaron sin que hubiera un proyecto ejecutivo de las mismas, por lo que los ingenieros responsables ni siquiera tenían registro previo de que a lo largo de los 14 kilómetros de la autopista había un total de 13 tuberías de drenaje.

De igual forma, decidieron ampliar el número de carriles de la obra cuando ésta ya había iniciado, con la intención de que en el proyecto ejecutivo se avalaran después todos esos cambios, en vez de guiarse desde un principio con documentos ya existentes y basados en estudios del terreno.

Por otra parte, las fuentes consultadas señalaron que no fue posible responsabilizar a las empresas que participaron en la construcción del Paso Exprés, ya que lograron comprobar que ellas habían advertido a tiempo que era necesario realizar algunas obras para evitar un colapso de las tuberías y por ende un posible reblandecimiento de la tierra.

Una de las compañías sugirió construir una especie de reforzamiento externo para las tuberías, mientras que otra consideró que era más viable encamisar los conductos, es decir, reforzarlos por dentro con otro tubo. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas por la SCT, cuyos responsables de obra ordenaron seguir la construcción tal como estaba planeado.

Al mismo tiempo, no fue posible fincarle responsabilidades al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ni a otros funcionarios, debido a que ninguno de ellos fue informado sobre los reportes en los que se alertaba de las malas condiciones de las tuberías y el riesgo de que pudieran romperse.

Uno de los funcionarios que hizo caso omiso de los informes, pese a haberlos conocido con anterioridad, fue el delegado estatal de la SCT en Morelos. Además, también ignoró las advertencias de grupos de vecinos de la región.