El plan de pacificación propuesto por Andrés Manuel López Obrador significa la posibilidad de abrir un proceso de justicia transicional en el cual la opinión de las víctimas esté en primer lugar, además de generar investigación para documentar violaciones de derechos humanos y de esa forma acabar con la impunidad, señaló el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín.

Los foros convocados por el virtual presidente electo para diseñar este esquema de pacificación pueden ser útiles porque siempre es importante escuchar y hacer reuniones con víctimas de la violencia. Además de eso, lo importante es hacer investigación de fondo para conocer los hechos y entender nuestro pasado, indicó el funcionario tras la inauguración de un proyecto de difusión sobre temas de memoria y tolerancia.

Rochín enfatizó la relevancia de estudiar y reconocer las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en México –como la represión en 1968 y la llamada guerra sucia– para poder iniciar después procesos de justicia transicional, verdad y reconciliación.

Para poder castigar a los responsables, primero hay que hacer investigación, tener más elementos de sanción y combatir la impunidad, señaló.

En ese sentido, estimó que dar amnistía a personas que se han visto orilladas a cometer actos delictivos es parte fundamental del proceso de paz, y se pronunció por discutir de forma integral la viabilidad de la legalización de las drogas, analizando el tema como un asunto de salud y no penal.

Rochín indicó que este organismo está involucrado en procesos de investigación sobre diversos casos, como la desaparición y el asesinato de migrantes en San Fernando, los abusos en el penal de Piedras Negras y la desaparición de personas en el estado de Veracruz, con los cuales se puede facilitar la creación de comisiones de la verdad.