Nueva York

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ayer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su informe sobre la situación en Nicaragua, en el cual afirma que la acción represiva del Estado ha dejado por lo menos 212 muertos, mil 337 heridos y 507 encarcelados. Además, que la violencia estatal ha buscado sofocar la ola de protestas iniciadas el 18 de abril.

El texto condena el recrudecimiento de la violencia estatal, observada en semanas recientes, y reitera su llamado al cese inmediato de la represión. Insta al gobierno nicaragüense a lograr una solución constitucional, democrática y pacífica a esta crisis de derechos humanos.

El informe sobre la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua, realizada a mediados del mes pasado y su seguimiento a la fecha, sostiene que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esa expresión de disenso político.

Detalla que la violencia oficial se ha caracterizado por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial; el uso de agrupaciones parapoliciales y grupos de choque; detenciones arbitrarias de manifestantes jóvenes, medidas de censura y amenazas contra líderes de movimientos sociales.

Indica que existe un patrón mediante el cual agentes estatales, principalmente de la Policía Nacional y de fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas, actuando con aquiescencia de la policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones.

El uso excesivo de la fuerza, incluyendo la letal, el cual se ha realizado de manera deliberada y sistemática por actores estatales y grupos de choque, entre otros, como el posible uso de francotiradores, se ha intensificado desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas, afirma.

Ello ha sido acompañado por un patrón de detenciones arbitrarias, sobre todo al comienzo de las protestas, llegando a 507 personas detenidas, la mayoría jóvenes. Testimonios revelan que la mayoría de los arrestados fueron sujetos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Éstos pueden ser caracterizados como tortura. Algunos fueron amenazados de muerte por agentes de seguridad.

La CIDH asegura que recibió denuncias amplias sobre la negación de atención médica y labores de rescate. También recibió quejas de trabajadores estatales, quienes afirmaron que fueron obligados a participar en actos en favor del gobierno bajo la amenaza de ser despedidos; algunos han sido cesados por haber apoyado protestas.

El informe documenta métodos de censura para limitar la información pública sobre los sucesos en el país, sobre todo contra medios independientes. Señaló el asesinato de un periodista y que hubo varios heridos. (El informe completo: http://www.oas.org/es/cidh/informes/ pdfs/Nicaragua-es-22junio2018.pdf)

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, presente en la OEA, calificó el informe de parcial y sesgado. Aseveró: No es política del Estado de Nicaragua violar los derechos humanos. Agregó que aunque agradece la preocupación del organismo, corresponde a los nicaragüenses, como Estado soberano, resolver sus dificultades. Reiteró la acusación de su gobierno, de que los actores violentos son grupos delincuenciales que buscan cambiar al gobierno de hecho.

La mayoría de los representantes ante la OEA que tomaron la palabra, incluyendo México, expresaron su respaldo al trabajo de la CIDH y su preocupación por la situación en Nicaragua.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, declaró en la reunión que su país condena los actos violentos del gobierno de Nicaragua. Aparentemente, sin importarle la historia de Washington en relación con el país centroamericano, exigió que el gobierno nicaragüense rinda cuentas. Advirtió que los responsables de violar los derechos humanos serán juzgados. Trujillo instó a la OEA a promover elecciones anticipadas, libre y justas.

Venezuela y Bolivia expresaron su respaldo al gobierno de Daniel Ortega y descalificaron el informe por parcial. La representante de Venezuela, Carmen Luisa Velazquez, acusó que éste sirve de protección a los grupos desestabilizadores en contra del gobierno.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró que el futuro de Nicaragua no es de una élite política y social, es del pueblo. Advirtió que los responsables de la violencia reciente deberán comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes. Propuso que se efectúen elecciones nacionales en Nicaragua en marzo o agosto de 2019, e insistió en que eso es la ruta de pacificación.

La sesión concluyó sin ninguna acción y se anunció que habrá otra sesión la semana próxima para evaluar propuestas y pasos a seguir sobre el tema.