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ONG contabilizan 56 desaparecidos o ejecutados

Se aplica en Nuevo Laredo la Ley de Seguridad Interior, denuncian
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 17 de junio de 2018, p. 11

Nuevo Laredo, Tamps.

Las calles de esta ciudad lucen vacías por la noche, el ambiente espectral transporta a un pueblo fantasma; la violencia y la inseguridad han generado miles de desaparecidos y muertos en los pasados tres sexenios, pero desde enero la presencia de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) aterroriza a sus habitantes: se han contabilizado 56 personas desaparecidas o ejecutadas, atribuidas a los marinos, según informes de organismos nacionales e internacionales.

En esta ciudad ya se está aplicando la Ley de Seguridad Interior, asegura de manera contundente Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo: La gravedad de este momento que estamos viviendo, con las 56 personas que tenemos registradas como desaparecidas o víctimas de ejecución arbitraria del 20 de enero al 21 de mayo, es una pequeña muestra de lo que contiene la Ley de Seguridad Interior. Aquí parece que ya está vigente y todo indica que esta unidad de operaciones especiales de la Semar está actuando justamente con el contenido de esa ley.

La Ley de Seguridad Interior ha sido criticada por organismos de derechos humanos que alertan sobre la militarización del país y la impunidad de las fuerzas armadas. Fue aprobada por los diputados el 30 de noviembre y promulgada el 21 de diciembre del año pasado por Enrique Peña Nieto, quien aseguró que no haría uso de ella en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara su constitucionalidad.

Sin embargo, para Ramos y los familiares de las víctimas, la actuación de los marinos en los meses recientes en esta ciudad demuestra lo contrario: Los marinos aquí están actuando con impunidad; no le rinden cuentas a ninguna autoridad, no reconocen su participación, no atienden a las familias y la mayoría de los casos ocurrieron a la luz del día, es decir, no tuvieron que ocultarse en la noche. Además, en las detenciones arbitrarias se utilizaron vehículos oficiales y el personal estaba uniformado. Esto es lo que tendría que valorar la SCJN. Lo que está sucediendo aquí es un pequeño ejemplo de lo que podría suceder en todo el país.

Fines electorales

Durante las semanas anteriores han visitado esta ciudad funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Ambos han dado a conocer informes sobre las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Mientras la CNDH emitió medidas cautelares a la Semar para que su personal respete los derechos humanos de la población de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el representante de la Oacnudh en México, Jan Jarab, prefirió utilizar el eufemismo de fuerzas federales para referirse a los responsables de estos crímenes.

“Cuando la responsabilidad es atribuida al personal de la Marina, el dolor se vuelve impotencia y desesperación, porque sabemos que estos crímenes de Estado se van a encaminar a la impunidad. Es muy difícil procesar a un marino o a un militar por desaparición forzada o ejecución arbitraria; 99 por ciento de los casos que hemos documentado a partir de 2011 están en la impunidad.

No entendemos el porqué de estas desapariciones. Me han preguntado muchas veces cuál es el objetivo, qué ganan, qué pretenden, y por más que lo analizamos llegamos a la conclusión de que este fue un operativo de Estado, ordenado desde los más altos niveles de las fuerzas armadas o del poder político en Tamaulipas.

Comenta que las 56 desapariciones y ejecuciones documentadas son sólo la punta del iceberg: Es una cifra menor (en comparación) con la realidad que estamos viviendo. Esas son las que están documentadas; hay más casos que no han sido denunciados por las familias a causa del miedo. Creemos que son más de 70, de acuerdo con lo que nos han dicho algunos familiares, pero que al final desisten de presentar una denuncia penal o una queja por el terror infundido por la Marina.

Asegura que estas acciones oficiales, atribuidas al marco de acción de la Ley de Seguridad Interior, suceden en año electoral: Este operativo tiene que ver con la intimidación a la población mediante el voto del miedo. ¿Por qué no ocurrió este operativo el año pasado o hace dos años? Porque esta es una elección presidencial y seguramente quieren infundir terror en Tamaulipas.

Añade: “La idea del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca –quien solicitó la presencia de la Marina– tiene un trasfondo político dirigido a inducir el miedo entre la población y que el día de las elecciones no salgan a votar o salgan a votar por su partido, y eso me parece una canallada”.

Adelanta que el 1º de julio disminuirá el número de ciudadanos que emitan su voto: La mayoría de estas desapariciones se dieron en sectores populares. Al crear un ambiente de terror, la gente lo que menos quiere es hacer actividades públicas. Se quedan en sus domicilios porque están aterrorizados por la presencia de la Marina y seguramente el día de las elecciones van a tener miedo de salir a votar.

Silencio oficial

La violencia y la inseguridad afectan a los pobladores de esta ciudad desde finales de 2010. Ramos Vázquez comenta que desde que la unidad de operaciones especiales de la Marina llegó en enero de este año a Nuevo Laredo, se incrementaron las desapariciones:

Están actuando por venganza, porque así se lo dijeron a un familiar. A raíz del enfrentamiento que tuvieron el 24 de marzo con grupos de la delincuencia organizada, en el que falleció un capitán y 10 elementos resultaron heridos, los marinos han buscado venganza entre la población de Nuevo Laredo, cuando debieron enfocar sus objetivos en los criminales que los atacaron, no en el pueblo.

Y agrega: Nos llama la atención que el gobierno federal guarde silencio, que el presidente de la CNDH no haya venido, que la Procuraduría General de la República en Tamaulipas, cuando fueron a presentar las denuncias, no las protegieron, no buscaron a las personas desaparecidas y trataron de dar trámite burocrático a cada denuncia que nos llenó de indignación.

El silencio oficial irrita a los familiares de las víctimas: La Marina hasta la fecha no ha dado la cara. No han defendido a su institución porque ellos mismos la están dañando; no somos nosotros, no son las familias: son los mismos marinos.