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Deben construir acuerdos

Llama la CNDH a autoridades educativas y a disidentes a garantizar la enseñanza

Indica que se integran expedientes de queja que presentaron por agresión

 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de junio de 2018, p. 13

Al cumplirse 19 días de la suspensión de clases en escuelas de Oaxaca y de manera más reciente Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades vinculadas al sector educativo y a los maestros que se encuentran en paro en dichas entidades para que, en atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes, adopten las medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos, en particular el relativo a la educación, a efecto de prevenir que se afecte el proceso enseñanza aprendizaje y el adecuado desarrollo de los educandos.

La comisión insiste en un boletín en la necesidad de que todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que ésta sea, necesariamente se deba formular por las vías institucionales y en el marco de la ley, ratificando la obligación que tiene todo servidor público de sujetar sus actos a lo dispuesto por las normas y con estricta observancia y respeto a los derechos humanos. Ni particulares ni autoridades pueden estar por encima de la ley.

De esta forma, la CNDH rechazó todo acto de violencia y provocación, al tiempo que reafirma el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática, en cuyo ejercicio confluye la actuación de autoridades y de ciudadanos que en todo momento debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad, evitando recurrir a la violencia o al uso indebido de la fuerza. Del mismo modo, ratifica su convicción sobre el valor del diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, como vía para la solución de diferencias entre las personas y grupos.

Asimismo, recordó que actualmente investiga e integra los expedientes de queja que con relación a este asunto le han presentado maestros que participan en el paro y en los actos de protesta, quienes alegan haber sufrido agresiones y otros abusos por parte de autoridades de Ciudad de México, así como aquellos formulados por organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por el respeto y vigencia de los derechos de los niños.