El Comité de Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) invitó al Estado mexicano a un diálogo para analizar las medidas que ha tomado el país para cumplir con la convención internacional sobre el tema, así como revisar qué tanto ha cumplido sus recomendaciones.

El organismo le reiteró al gobierno de México la solicitud para realizar una visita oficial –la cual ha pedido desde hace cuatro años sin que hasta el momento haya respuesta– y puso de nuevo sobre la mesa el tema del acatamiento a las acciones urgentes que ha solicitado a México, cuyo cumplimiento obligatorio ha sido cuestionado por parte de diversos funcionarios.

Juan Carlos Gutiérrez, director general de la organización Idheas, especializada en litigio estratégico de derechos humanos, recordó que en su pasada sesión de trabajo el CDF tomó la decisión de invitar a las autoridades mexicanas al citado diálogo, el cual es visto como un mecanismo innovador para que tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil puedan exponer la situación de cada país respecto al fenómeno de las desapariciones forzadas.

En esa cita, a realizarse en noviembre, también se buscaría invitar al Estado mexicano a aceptar la realización de una visita in situ, petición hecha por el Comité desde hace cuatro años, sin que hasta la fecha haya sido aprobada.

▲ Desde hace cuatro años, el Comité de Desapariciones Forzadas ha pedido realizar una visita oficial al país. En la imagen, marcha de madres realizada en mayo pasado.Foto Carlos Ramos Mamahua

De acuerdo con Gutiérrez, la actitud de México de no haber permitido aún la visita del CDF sí puede leerse como un obstáculo para impedir que este organismo realice un diagnóstico certero sobre la situación de las desapariciones forzadas en el país, y de esta forma verifique que el gobierno ha incumplido reiteradamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Un tercer punto del diálogo al que fue invitado el gobierno mexicano es el del nivel de cumplimiento de las acciones urgentes que se le han dirigido (un total de 332, de 2012 a lo que va de 2018), de las cuales 66 por ciento no han sido acatadas.

Nosotros hemos insistido en que el gobierno se siente a dialogar con el CDF para crear un mecanismo de seguimiento a las acciones urgentes. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación se comprometieron a abrir una discusión sobre ello, pero no han abierto el tema para verificar su cumplimiento, añadió.

En esos espacios, también deberá analizarse el carácter vinculatorio de las acciones urgentes para el gobierno mexicano, tomando en cuenta que algunos servidores públicos han señalado que México no está obligado a cumplirlas, pese a que nunca externaron ninguna reserva o interpretación restrictiva en ese tema.