Buenos Aires.

Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables, concluyó Nils Melzer, relator especial de la Organización Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Al terminar su visita a este país, el 20 de abril pasado, presentó su informe difundido este martes por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) en el que el relator se refirió al dolor y sufrimiento que observó en innumerables reclusos, dirigentes de pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y víctimas. En todo el país, pareciera haber un claro endurecimiento de la política penal en respuesta a las inquietudes de la población en materia de delitos violentos y seguridad pública, lo que provoca un pronunciado incremento de los niveles de reclusión y un dramático deterioro de las condiciones de detención.

Dirigiéndose al Legislatio, Melzer lo instó a que se abstenga de aprobar nuevas leyes que disminuyan la edad mínima de imputabilidad penal o ampliaran la detención para otras categorías de personas o delitos. Criticó la excesiva duración de la prisión preventiva.

Se refirió también a la violencia por parte de fuerzas de seguridad y carcelarias que pareciera ser generalizada y la impunidad, enorme y resumió de esa manera la situación de maltrato informando que durante las reuniones que sostuvo con integrantes de comunidades indígenas y habitantes de barrios marginales en Formosa, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, recibió numerosas denuncias de violencia policial en oportunidad de manifestaciones pacíficas contra desalojos forzosos, o al intentar presentar quejas o pedidos a autoridades competentes.

Melzer observó también una cultura de impunidad generalizada entre las fuerzas de seguridad y el personal carcelario. Destacó la función de organismos como la APDH y recomendó que se fortaleciera la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, para la supervisión y registro de la violencia institucional, incluso aquellas en comunidades marginadas y también observó un régimen de encierro opresivo para los menores internados en institutos y la situación a de pacientes siquiátricos, que vivían en condiciones inhumanas, degradantes, incompatibles con la dignidad humana.

Esto también alcanza a las condiciones de detención en comisarías y penitenciarías provinciales, y las terribles condiciones de detención que violan las normas internacionales apelando a las autoridades argentinas en todos los niveles y poderes, como cuestión de urgencia humanitaria, a comprometer los recursos necesarios para mejorar esta grave situación.

En sus conclusiones destacó que en las últimas tres décadas, la sociedad argentina había probado repetidamente ser capaz de luchar contra la violencia, la tortura y los abusos. Había recorrido un largo camino desde el oscuro período de la dictadura. Sin embargo, la arquitectura militar opresiva del pasado parecía sobrevivir aún en los sistemas carcelarios y de seguridad, y disimulado en el marco de la política de seguridad pública.

De esa manera se corría el riesgo de que el país quedara nuevamente encerrado en un círculo vicioso, con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso.

Tarifazo

Por otra parte, el gobierno del presidente, Mauricio Macri, enfrenta por estas horas una verdadera rebelión a nivel nacional por el aumentos de tarifas, en lo que algunos medios llaman el tarifazo-gate y no sólo a nivel de los mayores afectados, los sectores cada vez más empobrecidos de la sociedad, sino incluso de las pequeñas, medianas y grandes industrias, en realidad en todos los sectores que advierten que son absolutamente impagables las tarifas de los servicios públicos básicos.

En una acción tendiente a calmar las aguas, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenai Vidal dijo que iba a rebajar un impuesto que viene con las tarifas -lo que por otra parte es ilegal- pero en realidad el tarifazo no es afectado porque en mil 500 por ciento de aumento en algunos servicios la baja –si se da-podía ser de sólo tres o cuatro por ciento, lo que fue rechazado como una burla, y ampliamente criticado por gobernadores de otras provincias  que se enfretan por estgos temas con el gobierno nacional.

A la vez, a lo largo de la semana anterior y lo que va de esta fueron despedidos miles de trabajadores en áreas estatales y en empresas privadas, incluyendo la francesa Carrefour que fue autorizada por el gobierno a despidos forzados bajo el eufemismo de retiros voluntarios.

La industria textil nacional atraviesa uno de sus más graves periodos. La empresa Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. de la ciudad de La Plata despidió a 313 trabajadores y suspendió a tres mil enlos últimos ocho meses, denunció la Asociación Obrera Textil.

El clima es cada vez más te tenso en todo el país