Madrid.

La Fiscalía de Alemania solicitó la entrega al Estado español del ex mandatario catalán Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Esta petición, que supone un nuevo varapalo en la estrategia del líder independentista, deja en manos del juez de la Audiencia Territorial de Schleswig el futuro del ex gobernante, preso en la cárcel alemana de Neusmünster desde el pasado 25 de marzo.

Puigdemont y su equipo de abogados libran una nueva batalla en los tribunales alemanes, donde intentan impedir que sea entregado al Estado español, que lo acusa de rebelión, malversación y desobediencia por su actuación durante el proceso de independencia, que culminó en la declaración unilateral de secesión del pasado octubre.

El ex mandatario decidió huir de Cataluña tras impulsar la iniciativa, ante el temor de ser aprehendido por la justicia española y por la ofensiva del gobierno que activó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que significó suspender la autonomía de la región autonómica y convocar a elecciones.

Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo, cuando intentaba llegar a Bélgica, donde había fijado su residencia y donde había diseñado su estrategia legal al encontrar favorable a su causa la legislación interna. Pero el ex mandatario no logró llegar a su destino tras ser ubicado durante un operativo de los servicios de inteligencia españoles, que alertaron a la policía alemana para que detuvieran al ex mandatario en Hamburgo.

En su primer escrito sobre el caso, el fiscal alemán asumió las tesis del Estado español de ser entregado por los delitos que se le imputan, y además exigió su permanencia en prisión ante el riesgo de fuga. Además, resalta en su escrito que Puigdemont impulsó la celebración del referendo de independencia del primero de octubre a sabiendas de que podía desencadenar incidentes violentos. Así que el fiscal alemán concluye que la extradición es justa y pertinente.

El juez tiene ahora un plazo de 60 días –que se podría prorrogar– para resolver el caso, con lo que se abre un periodo de incertidumbre para el ex mandatario, quien ya está buscando casa en Alemania, en caso de que le concedan la libertad bajo fianza.

En Barcelona, el debate político se dio en el Parlamento, donde se reunió la Mesa –el órgano directivo de la Cámara de Diputados– para decidir si autorizaba la delegación del voto de Puigdemont. Finalmente, la mayoría de los partidos independentistas aprobó la moción, en contra del resto de partidos políticos y, sobre todo, de los propios abogados del Parlamento, que advirtieron que se podría estar incurriendo en el delito de desobediencia al haber una moción concreta del Tribunal Constitucional sobre el asunto que señala la ilegalidad de la medida.

En los cuatro plenos que se han celebrado en esta legislatura, los diputados que están en centros penitenciarios españoles han delegado el voto sin que los partidos de la oposición o el gobierno central lo haya impugnado. Sin embargo, la administración del derechista Mariano Rajoy sí avisó que impugnaría cualquier delegación de voto que fuera para diputados que están en el extranjero, como es el caso de Puigdemont y del ex consejero Toni Comín.

En Madrid, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el proyecto de presupuestos generales para el año en curso, con lo que se abre el plazo para su aprobación, en la que estará también muy presente la crisis abierta con Cataluña. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna en Euskadi cuenta con cinco diputados en el Congreso de los Diputados, tiene la llave para su aprobación, pero ya advirtió que no se sentará a hablar con Rajoy hasta que suprima la aplicación del artículo 155.

La oferta del gobierno español para que el nacionalismo vasco apruebe sus presupuestos es jugosa: una mejora sustancial del cupo vasco (la contribución que tiene que pagar el País Vasco a las arcas estatales para sufragar las competencias que el Estado presta en beneficio de los residentes de esta autonomía al no haber sido transferidas), más inversiones millonarias para desarrollar el sistema de trenes de alta velocidad en la región –vieja exigencia del PNV– y el aumento general de las pensiones, que tiene especial importancia en el País Vasco, donde se originó y se mantiene muy viva la revolución de los jubilados.