exenio tras sexenio, comisiones van y vienen y el voto de los mexicanos en el exterior se aproxima a su tercera edición en una situación complicada, a pesar de todos los esfuerzos, el cuantioso gasto y presiones y gestiones realizadas.

En 1998, después de arduas escaramuzas entre el Instituto Federal Electoral (IFE), la clase política, la sociedad civil y las organizaciones de migrantes, finalmente una comisión de especialistas dictaminó que era factible y técnicamente viable que los varios millones de mexicanos radicados en el exterior ejercieran su derecho al voto. Pero habría que esperar otro sexenio: para los legisladores no era posible que se votara en el exterior en el año 2000.

En efecto, el primer experimento de voto postal en 2006 dio magros resultados, a pesar de que en aquellos años se estimaba en 8 millones la población mexicana radicada en Estados Unidos, de los cuales unos 7 millones estaban en edad de votar. No hay estimaciones numéricas de cuántas credenciales para votar existían en ese momento, pero los miembros de la comisión de especialistas, seis años antes, habían señalado, de acuerdo con dos investigaciones, que 21 por ciento de la población migrante en edad de votar tenía credencial.

La cuentas alegres de algunos investigadores y políticos de aquella época aducían que podrían votar entre 2 y 4 millones de mexicanos radicados en el exterior. Lo que podría significar, según ellos, que los que habían salido voluntaria o forzadamente del país pudieran definir la elección.

El cómputo final de 2006 dejó mucho que desear. En total se registraron, o se pudieron registrar, 40 mil 876 personas, de las cuales finalmente votaron sólo 32 mil 623. La razón que esgrimían los activistas del voto, como responsable del fracaso, era el voto postal, los complicados procedimientos para registrarse y la imposibilidad de obtener una credencial en el exterior.

Para 2012 se repitió el experimento del voto postal y se volvió a insistir en que fuera por correo certificado, lo que complicó sobremanera el procedimiento. Se trataba de una medida de seguridad basada en el alto grado de desconfianza que es característico de los partidos políticos, en todas sus versiones. El resultado fue similar, a pesar de que se permitió votar con credenciales vencidas (03), del gran costo que supuso la organización y todo el esfuerzo desplegado. En total se registraron 59 mil 115 personas y llegaron a votar tan sólo 40 mil 737.

En aquella ocasión un estudio realizado por investigadores de varias universidades (CIDE-UdG, Mora, ITAM) estimó que en 2010 existían 3.5 millones de credenciales en manos de los migrantes radicados en Estados Unidos, 98 por ciento del total de la población radicada en el exterior. No obstante, más de la mitad (51 por ciento) eran credenciales vencidas, conocidas como 03.

Dado el magro resultado del voto en el exterior en las elecciones de 2006 y 2012, el IFE nombró una segunda comisión de especialistas que hiciera recomendaciones a los legisladores y prácticamente elaboraran un proyecto de ley. Cuatro recomendaciones fueron las sustanciales: credencialización en consulados, credencialización virtual para renovar vía Internet aquellas que estuvieran vencidas, voto electrónico, así como voto presencial en casillas en consulados y embajadas del mundo.

Sólo dos de estas recomendaciones fueron asumidas por los legisladores. No tuvo acogida la credencial virtual, que hubiera facilitado y abaratado mucho el proceso de renovación, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene todos los datos y documentos. También quedó a medio camino el voto electrónico, por más que los especialistas de la UNAM que participaron en la comisión resaltaron su idoneidad y seguridad.

Otra limitación superada en el camino fue la posibilidad de que los dobles nacionales participaran en las mesas directivas de casilla. Esta posibilidad estaba proscrita por cláusula de mexicano de nacimiento, que limita en este caso, como en muchos otros, a los dobles nacionales y los coloca como ciudadanos de segunda. La inconformidad de un ciudadano prosperó en el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que modificó la norma.

Por tercera ocasión los legisladores insisten en el voto postal, cuando nadie lo recomienda y cuando el sistema de correos en México es famoso por su inoperancia. De los 59 mil registrados en 2012 cerca de 20 mil no pudieron hacer efectivo su sufragio, lo que significa que cerca de un tercio de los mexicanos que hizo el intento de registrarse para votar no pudo completar el proceso o no llegó su voto.

Por su parte, la credencialización en el exterior llegó tarde. Si en 2012 se estimaron que existían un millón 700 mil credenciales vigentes, seis años después los vencimientos progresivos, 06, 09, 12, etcétera, han seguido mermando la cantidad de credenciales válidas, especialmente en Estados Unidos, donde radica 98 por ciento de los posibles votantes.

No obstante, que más de medio millón de mexicanos radicados en el exterior haya hecho el trámite para sacar su credencial del INE en los consulados ya es un signo muy positivo de interés por el documento y lo que sucede en México.

Pero además de la credencial los votantes en el exterior tienen que registrarse. Y hay un plazo de cuatro meses, del primero de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018. Eso significa que muchos mexicanos en el exterior se han tenido que registrar sin tener todavía conocimiento de quiénes son los candidatos definitivos que saldrán en la boleta.

A finales de febrero de 2018, a un mes de que se cerrara la convocatoria, sólo se habían registrado 72 mil ciudadanos en la lista nominal para votar en el extranjero y de manera optimista se especula que se puede llegar a 120 mil, el doble que en 2012.

El pronóstico para 2018, desde mi punto de vista, es pesimista. El problema no radica ni en los migrantes ni en el INE, es un asunto de legislación, de un proceso lentísimo de los partidos para adecuarse a la realidad.