Buenos Aires.

Es una provocación y un desgaste al que nos someten a los que llevamos tantos años de lucha, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al rechazar el intento de enviar a prisión domiciliaria a Alfredo Astiz, el marino que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y entregó en diciembre de 1977 a tres de las fundadoras, que fueron secuestradas, torturadas y arrojadas al mar, además de otros crímenes de lesa humanidad por los que fue juzgado y condenado a cadena perpetua.

A horas de la conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que instaló la dictadura más cruenta en la historia del país, varias acciones del gobierno de Mauricio Macri y sus jueces aliados se leen como una provocación a la larga lucha de los organismos de derechos humanos, a los sobrevivientes y a los 30 mil desaparecidos, entre ellos unos 500 niños nacidos en cautiverio y arrancados a sus padres para entregarlos a policías, militares y familias amigas, de los cuales se han recuperado ya más de cien.

De Carlotto sostuvo que el gobierno tiene varios intereses, entre ellos “debilitar a los organismos y distraernos con casos como el ARA San Juan, de que la gente se está muriendo de hambre”.

A unas horas de comenzar la primera sesión del año de la Cámara de Diputados, la representante del Frente de Izquierda de Trabajadores, Romina del Plá, presentó un proyecto de repudio a la lista que el Servicio Penitenciario propuso para prisión domiciliaria que incluye a 96 criminales de lesa humanidad, entre ellos a Alfredo Astiz, Jorge El Tigre Acosta, Julio Simón Turco Julián y el ex capellán Christian Von Wernich, lo que fue acompañado por todos los sectores de oposición.

En la marcha del próximo sábado habrá demandas también por los presos políticos actuales, como Luis D’Elía, Milagro Sala, Carlos Zannini, Julio De Vido y otros, cuyas fotografías se vieron en las bancas de los diputados del FpV-PJ y donde se leía: 24 de marzo 1976-2018, con presos políticos no hay democracia.

“El golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 no sólo instauró la dictadura más feroz del siglo XX, con su secuela trágica de represión, muerte, desaparición, cárcel, exilio, apropiación de niños, robo de bienes y sometimiento de la sociedad toda, bajo el imperio del terrorismo de Estado, sino que tuvo como objetivo principal la instalación de un modelo neoliberal que transfirió los recursos económicos en beneficio de los sectores más concentrados, condenando a toda la población, a decir de Rodolfo Walsh en su recordada Carta de un Escritor a la Junta Militar, a la miseria planificada”, señala un comunicado del Instituto Espacio para la Memoria.

De la misma manera, los Curas de la Opción por los Pobres, muy cercanos al papa Francisco, expresaron en una larga misiva que el mismo modelo económico de la dictadura vuelve a instalarse hoy, pero ya no necesita aquellos medios violentos y puede hacerlo a tinta y video. Es que ese modelo de muerte, de exclusión, de descarte y genocidio una y otra vez, como en los años 90 y como en el presente, persiste en volver para que la tierra de todos sea sólo de unos pocos.

Como una provocación se leyó también el nombramiento de Cecilia Pando –activa defensora de la pasada dictadura militar y de los detenidos por crímenes de lesa humanidad a los que considera presos políticos– como maestra en un colegio católico, lo que generó el repudio de organismos y gremios de maestros que lograron tras un fuerte movimiento que se anulara esa medida.