Monterrey, NL.

El descontento contra los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) por la elección de un fiscal general a modo pasó de las palabras a los hechos ayer, cuando tres grupos ciudadanos arrojaron jitomates en el Congreso local.

Los casi 200 manifestantes colocaron una manta con fotografías de los legisladores y del gobernador con licencia Jaime Rodríguez El Bronco, y les lanzaron tomates mientras les gritaban Judas y traidores.

También hubo empujones, gritos y un conato de bronca entre los manifestantes, pues por ser de tres grupos diferentes surgieron fricciones y acusaciones de extremistas y reventadores, aunque finalmente prevaleció la calma.

Congregados a las puertas del recinto legislativo, los manifestantes intentaron entrar, pero los policías se los impidieron. Entonces exigieron a gritos que salieran los diputados, lo cual no sucedió.

Los cuatro aspirantes a la Fiscalía General designados por el Congreso tienen nexos con los dos gobiernos priístas anteriores, el de Natividad González Parás (2003-2009) y el de Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), lo que beneficiará al PRI y al PAN, según los inconformes.

El fiscal general se encargará de investigar actos de corrupción durante los próximos seis años; es decir, abarcaría dos años de la siguiente administración.

El Congreso estatal, donde PRI y PAN son mayoría, eligió a Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ligado a Rodrigo Medina; a José Guadalupe Saldaña, director de la Agencia Estatal de Investigaciones durante el sexenio de Medina de la Cruz, y a Pedro Arce Jardón, sobrino político de González Parás que fue despedido de la procuraduría estatal al inicio de la administración de El Bronco.

El cuarto designado es Javier Garza y Garza, quien fue procurador de justicia con Rodrigo Medina.

Los cuatro aspirantes fueron seleccionados por el Congreso de entre un total de 48 candidatos a la Fiscalía General del Estado. Los diputados incluyeron en la lista al gobernador interino Manuel González Flores para que éste vete a uno de los aspirantes y los legisladores elijan de entre los tres restantes al próximo fiscal.

Asociaciones civiles y líderes ciudadanos se expresaron en contra de este procedimiento. El mismo González Flores consideró un error dejar que el Congreso designara al fiscal. Los partidos políticos jamás iban a pensar en los ciudadanos, sino en sus propios intereses, y lo hicieron. No voy a ser cómplice de intereses partidarios. Nosotros estamos en favor de los ciudadanos, no del PRI y el PAN, dijo el mandatario, y agregó que podría abstenerse de su derecho a vetar a uno de los cuatro seleccionados.

La Coalición Anticorrupción, formada por universidades e instituciones privadas, demandó en un boletín a los legisladores que garanticen que el fiscal defenderá los intereses de la sociedad.

El actual procurador estatal, Bernardo González, dijo que como funcionario aceptó la decisión del Congreso, pero a título personal manifestó su desacuerdo.

Marco González y Arturo Salinas, coordinadores parlamentarios del PRI y el PAN, respectivamente, han ignorado las quejas de los ciudadanos.

Este miércoles el gobernador Manuel González deberá decidir si veta a alguno de los cuatro aspirantes, y el 9 de marzo el Congreso dará a conocer al primer fiscal general del Estado, quien asumirá su cargo al día siguiente.