uando se piensa acerca de la política y de la economía no pue-de perderse de vista a la gente. Esa tiene que ser la primera referencia ineludible. Parece obvio y, sin embargo, no lo es.

Aquí señalo un aspecto agregado sólo para advertir la re- levancia de considerar a la población.

Aunque es sabido hay que insistir en el cambio de la estructura poblacional del país. Desde comienzo de este siglo y según las previsiones que hay hasta 2030 la llamada pirámide de la población, es decir, la composición por rangos de edades, se está modificando de manera rápida.

La base de esa pirámide, en la que están aquellos habitantes de menor edad, se contrae notablemente y tiende a ensancharse la parte media y, también, la punta. Hay una maduración y envejecimiento que tienen serias repercusiones.

La llamada transición demográfica está en pleno desarrollo y el bono demográfico, que consiste en la ventaja que se deriva de una población joven para fortalecer la capacidad de crecimiento económico, así como para acrecentar los fondos de pensiones se está agotando.

En la medida en que no se crean suficientes empleos y con una remuneración adecuada que mantenga y eleve su capacidad de compra no hay manera de satisfacer las necesidades actuales y, menos aun, las exigencias de los próximos años.

Los recursos que se destinan a la inversión no absorben a quienes tienen que trabajar y aquellos que se usan para cubrir las necesidades sociales de salud, educación, vivienda, retiro y otros no alcanzan. Los niveles de vida de una parte significativa de la población se estancan o decrecen y la desigualdad aumenta. Así no es posible contener y, menos aun, reducir sostenidamente la pobreza.

En los pasados 10 años, periodo que sirve sólo de referencia, el crecimiento promedio anual de la producción es menor a lo que se destina a las pensiones y a los subsidios.

La deuda pública medida de manera amplia pasó en la pasada década de casi 30 por ciento del producto a 48 por ciento, mientras la eficiencia del uso de ese dinero es, por decir lo menos, muy cuestionable.

La política económica no consigue acoplarse con el funcionamiento cíclico de la economía y, entonces, los movimientos del mercado interno, más los choques que provienen del exterior, son de mayor magnitud.

La estabilidad macroeconómica se sostuvo mientras las tasas de interés en Estados Unidos eran muy bajas y en tanto que las exportaciones crecían en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque con una productividad en constante decrecimiento.

La vuelta a la inestabilidad no debería ser únicamente tema de cifras coyunturales, sino un cuestionamiento serio del modo en que funciona esta economía.

Esta condición junto con la gran deuda pública han puesto en entredicho, por ejemplo, a la tan manida reforma energética. El precio de la gasolina sube. En su composición los impuestos que cobra el gobierno (IEPS) representan más de la quinta parte y hay que añadir el IVA. El gas se ha disparado también. Y no hay que olvidar que el precio de los energéticos significa el mayor componente de la inflación registrada y que sigue creciendo. Al gobierno no hay recursos que le alcancen.

El Banco de México anunció que habrá más aumentos en la tasa de interés, lo que repercutirá en el conjunto de los precios y en la situación de endeudamiento de las familias. Y el peso tendrá muchas dificultades para estabilizarse y más aun para apreciarse de nuevo frente al dólar. Ambas condiciones, la volatilidad del tipo de cambio y la depreciación del valor de la moneda son elementos claros de inestabilidad y fragilidad.

Esta historia es ampliamente conocida por las fases cíclicas de crecimiento y recesión y por las diversas crisis económicas de las pasadas décadas. Ambos, los ciclos y las crisis son cada vez más costosos. Y aunque en términos de la contabilidad nacional parecerían superarse, la realidad es que sus efectos se acumulan y se expresan en las condiciones muy desiguales para los distintos grupos de la población.

Sin embargo, se ha defendido largamente la gestión económica basada en los criterios más convencionales seguidos internamente y alentados desde las instituciones financieras internacionales, públicas y privadas.

La relación que puede establecerse entre la sociedad y el desenvolvimiento económico es compleja. No se produce de manera directa y sus consecuencias tienden a ahondarse y extenderse, como ocurre de manera sobresaliente y dramática con las condiciones de violencia e inseguridad pública que reinan en el país.

La combinación de la disfuncionalidad económica y social es cada vez menos sostenible. En los meses que siguen hasta las elecciones las contradicciones tenderán a tensarse. Este es un fin sexenal con rasgos particulares y dependemos todos de la transición ya en curso, tanto en su forma como en su contenido.