Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que en los últimos días de diciembre se dieron al menos cinco desapariciones forzadas por parte de elementos policiacos en Chilpancingo, Guerrero, mediante tácticas escalofriantes que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado.

La organización realizó recientemente una misión de investigación en la capital del estado, donde confirmó la desaparición forzada del joven Alán Alexis junto con dos menores de edad, el 27 de diciembre, así como la de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera, el 30.

Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, aseveró que la desaparición forzada de estos jóvenes es la última de una larga serie de horrores ocurridos en Guerrero. Los signos alarmantes de corrupción y violaciones a derechos humanos están a la vista de todos, y aquellos servidores públicos que negligentemente los ignoran son cómplices.

La información con que cuenta AI asienta que Alán Alexis y dos adolescentes habrían sido desaparecidos y torturados durante siete días por las policías municipal de Chilpancingo y ministerial del estado.

“Fueron privados de la libertad y trasladados a la estación local el día 27 diciembre, conducidos posteriormente a una casa de seguridad y luego transportados en un tormentoso viaje a Acapulco. Allí fueron introducidos en celdas, donde permanecieron al menos tres días sin acceso a comida y con el temor de ser asesinados. El 3 de enero de 2018 fueron llevados de nuevo a Chilpancingo y arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos de tortura y envueltos con cinta adhesiva de cuerpo y ojos. La información recibida indica que la policía los torturó para obtener una ‘confesión’ ilegal. Los datos a los que tuvo acceso AI apuntan a que hasta el momento no se ha iniciado una investigación por las alegaciones de tortura formalmente denunciadas”.

Vázquez Campos y Catalán Cabrera habrían sido desaparecidos por policías, supuestamente en coordinación con el crimen organizado. Sus cuerpos fueron encontrados el 3 de enero en un lote en las afueras de Chilpancingo. AI denunció que hasta ahora sólo un agente municipal ha sido detenido, a pesar de que hay evidencia que indica que las redes de colusión serían mayores.