Ante la falta de claridad sobre el tiempo que las fuerzas armadas deberán permanecer realizando labores de seguridad pública, es necesario que el Congreso las dote de ‘‘certeza jurídica’’, no para quedarse en las calles por un periodo indefinido, sino con el fin de saber cuándo terminará ese trabajo y cuáles son exactamente sus atribuciones.

Así lo afirmó Alejandro Ramos, general de brigada de justicia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante su participación en el segundo y último día de actividades de la conferencia internacional Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil, donde descartó que el país esté viviendo un proceso de militarización.

Los soldados ‘‘estamos ahí porque a lo mejor nadie estaba combatiendo los efectos de la delincuencia, y entonces entramos de forma subsidiaria, porque era lo que estaba a la mano. ¿Cuándo vamos a dejar de estar ahí? Cuando se construya esa parte (que falta), pero si vamos a estar años necesitamos certeza para servir mejor a la sociedad’’, señaló.

Ramos enfatizó que es ‘‘injusto e inadecuado’’ que los militares sigan en esa tarea muchos años más sin que se genere un marco jurídico adecuado, ‘‘no que nos perpetúe en las calles, sino al contrario, que diga claramente cuándo debemos salir’’, cuáles son sus facultades y qué instancias tienen la coordinación de los operativos.

De igual forma, señaló que el país no está viviendo un proceso de militarización, ya que para ello se tendría que estar combatiendo al crimen ‘‘con métodos y medios militares, lanzando morteros y cosas de este tipo, y yo creo que eso no se está dando’’.

El mando castrense tampoco consideró que la ocupación de puestos directivos de policía por parte de miembros de las fuerzas armadas se deba considerar militarización, ya que los elementos designados para esas labores pueden participar ‘‘a título personal’’, por tener la capacidad para desempeñarlas.

Con respecto al tema del uso de la fuerza, Ramos enfatizó que dicho punto es ‘‘una deuda’’ que tiene el Estado con todos sus cuerpos de seguridad, puesto que al no haber ninguna regulación, los uniformados no saben cuáles son los límites de su accionar, pero al mismo tiempo se ven obligados a actuar para defender su vida o la de otras personas.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó que la corrupción y la impunidad han deteriorado a los cuerpos de policía, y aunque reconoció las aportaciones de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, también recalcó que no deben sustituir a las autoridades civiles, por lo que llamó a ‘‘trazar un plan de retorno’’ de los soldados a sus cuarteles.

De igual forma, lamentó que el gobierno mexicano siga apostándole a un enfoque reactivo y no preventivo en materia de seguridad, y advirtió que si no se atacan las causas estructurales de la violencia – pobreza, desempleo y desigualdad–, ‘‘no habrá Ejército ni policía suficiente’’ para contener este fenómeno.