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Aprobarlo sería dar un paso más hacia un Estado de excepción institucionalizado

Advierte el PRD que no avalará el dictamen de ley sobre seguridad interior

El problema de inseguridad no se resolverá con mantener en las calles a las fuerzas armadas, dice

 
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de agosto de 2017, p. 10

El PRD en la Cámara de Diputados rechazará el dictamen que presente la Comisión de Gobernación a la iniciativa de ley de seguridad interior, porque aprobarlo sería un paso más hacia la construcción de un Estado de excepción institucionalizado.

En la agenda que aprobará el sol azteca en su plenaria la próxima semana, y a la que acudirán gobernadores de ese partido, plantea que el camino para garantizar la seguridad de la sociedad es avalar el mando mixto policiaco, regular el uso de la fuerza y aprobar la minuta relativa con la desaparición forzada.

La iniciativa que busca expedir la ley de seguridad interior debe ser desechada, porque es contraria a las disposiciones de la Constitución y sólo busca encontrar una salida al debilitamiento del Estado mexicano frente al crimen organizado y a la red de corrupción e impunidad que socava al gobierno federal.

En el documento, que fue circulado a los diputados del PRD, se expresa que mientras la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial de la Federación no son útiles en el combate al crimen organizado, en la década reciente las fuerzas armadas asumieron las tareas de seguridad y el gobierno se desentendió de su obligación de capacitar y certificar a la Policía Federal y eludió la necesidad de destruir la capacidad financiera de la delincuencia.

Estamos seguros que el problema de inseguridad no se resolverá con mantener a las fuerzas armadas en las calles para que asuman tareas de prevención del delito y tampoco con la ley de seguridad interior para que el Ejército o la Marina continúen con el desempeño de funciones excepcionales de seguridad pública por tiempo indefinido y sin controles de constitucionalidad y legalidad, plantea.

Los diputados perredistas recuerdan que desde el inicio de la guerra contra la delincuencia organizada en el sexenio de Felipe Calderón, la política de seguridad se ha basado en la militarización, estrategia que sólo ha generado más violencia y una grave afectación a los derechos humanos de miles de personas en todo el país. Los perredistas anticipan que mantendrán en el 15 congreso extraordinario el mandato de rechazar cualquier iniciativa que pretenda legalizar la participación y control de las fuerzas armadas en hechos de afectación a la seguridad interior.