Guadalajara, Jal.

La Fiscalía General del Estado aseguró el complejo habitacional conocido como Villas Panamericanas, unos 650 departamentos usados para albergar a los 9 mil deportistas que acudieron a los Juegos Panamericanos de 2011, como parte de las investigaciones sobre supuesto mal manejo de al menos 700 millones de pesos de recursos públicos y abuso de autoridad.

En la incautación efectuada la mañana de ayer participaron policías estatales, municipales de Zapopan y peritos valuadores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para llevar a cabo la averiguación previa 3791/2015, abierta por la propia fiscalía.

En los delitos señalados estarían presuntamente involucrados el ex gobernador panista Emilio González Márquez y su entonces secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, así como desarrolladores inmobiliarios.

El conjunto permanece deshabitado porque fue construido en El Bajío, municipio de Zapopan, en una zona de recarga de acuíferos junto al bosque de La Primavera, donde están prohibidos los asentamientos humanos de alta densidad.

La querella de la fiscalía señala que en el proyecto se invirtieron casi 700 millones de pesos del desaparecido organismo estatal Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público, cuyo titular entre 2007 y 2011 fue Jorge Sánchez Martínez, detenido en abril de 2014 por desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, quien salió libre con un amparo.

También se usaron ahorros de los burócratas, manejados por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y la empresa desarrolladora puso el terreno. En total, en la obra se invirtieron unos mil 200 millones de pesos.

Los edificios ocupan 6.5 hectáreas y no ha sido posible venderlos desde que terminaron los Juegos Panamericanos de 2011 por falta de licencias municipales. Este año no han recibido mantenimiento y apenas los vigilan tres guardias privados.

El fiscal estatal, Eduardo Almaguer, informó que el complejo permanecerá bajo resguardo durante 48 horas mientras se realizan las diligencias para ampliar la averiguación previa. Posteriormente serán devueltos a quien tiene la posesión, pero permanecerán inmovilizados catastralmente, para que no puedan ser enajenados ni traspasados a ningún otro particular, explicó.

Carlos Rodríguez Quevedo, abogado de los constructores que se asociaron con el gobierno de González Márquez, denunció que el Ministerio Público entró al sitio sin autorización judicial.

Dijo que es evidente la intromisión indebida de las autoridades, pues sus clientes ya comparecieron, entregaron toda la información requerida y pese a ello no tienen copia de lo que consta en la averiguación previa.