Un grupo de jubilados, pensionados y viudas de ex trabajadores del ingenio azucarero San Cristóbal –ubicado en Veracruz– se manifestó ayer para exigir el pago de diversas prestaciones, entre ellas un fideicomiso creado para construir viviendas, cuyos recursos nunca les fueron entregados.

Con mantas y pancartas, los inconformes llevaron a cabo un mítin en la sede del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (Feesa), dependiente de la Secretaría de Agricultura, con el fin de exigirle que se entregue el dinero ahorrado por miles de ex trabajadores de la empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, que nunca se utilizó para los fines acordados hace casi 50 años.

Agustín Barranco Enríquez, vocero de los inconformes, explicó que en 1968 los empleados de la mencionada compañía obtuvieron un aumento salarial de 11.5 por ciento, pero aceptaron cederlo a un fideicomiso cuyo propósito final era construir viviendas dignas para todos los trabajadores.

Sin embargo, en 1995, el entonces líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, Enrique Ramos Rodríguez, decidió extinguir el fideicomiso y ordenar que se le otorgaran sus recursos sólo a los trabajadores que estaban activos antes del 31 de diciembre de ese año, lo cual dejó fuera del acuerdo a todos los jubilados, pensionados y viudas de obreros.

Posteriormente, en 2004, el propio Ramos determinó que los fondos ya no se utilizaran para construir casas –aunque algunas ya se habían empezado a edificar– sino que se monetizaran y se repartieran entre los beneficiarios, pero la cantidad que se pretendía dar a los jubilados y pensionados estaba muy por debajo de lo que establecía la ley.

El monto que se le adeuda a los trabajadores no se conoce con exactitud, detalló Barranco, porque en el fideicomiso extinto no sólo estaban los recursos obtenidos por el aumento salarial de 1968 en adelante, sino también los que aportó la empresa por cada kilo de azúcar producido a partir de 1990.

Tan sólo en el ingenio San Cristóbal hay 530 personas afectadas por este problema, pero al contar las plantas productoras que tenía la empresa en todo el país, la cantidad de defraudados podría ser de hasta 15 mil, añadió.