La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la información referente a los nombres de las víctimas de cada una de las 135 averiguaciones previas concluidas sobre casos de desaparición forzada cometidos durante la llamada guerra sucia en los años 70 y 80.

Por mayoría de cuatro votos a uno, la segunda sala del máximo tribunal emitió un fallo histórico al considerar que por tratarse de un delito de lesa humanidad, debe prevalecer el principio de máxima seguridad, por encima del derecho a la protección de datos personales.

En 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un primer informe sobre víctimas de la guerra sucia contra movimientos políticos y sociales de los años referidos; señaló que 531 personas fueron desaparecidas, de las cuales, 250 fueron ejecutadas.

La Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) informó en 2006 que las denuncias por desaparición forzada sumaban 797.

Con la resolución, la Corte puso fin a un largo proceso, iniciado por una particular que solicitó la información a la PGR, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); la dependencia federal recibió la instrucción de entregar los datos, pero lo hizo de manera parcial (sólo estadísticas). La quejosa interpuso un recurso que llegó al amparo, el cual fue resuelto por la entonces jueza federal Paula García Villegas, quien dio la razón a la demandante.