Un mínimo porcentaje de migrantes en condición vulnerable (0.5) son beneficiados con el refugio, advirtió un colectivo de especialistas en el tema. Al mismo tiempo pidió al gobierno del país aplicar un plan de protección a extranjeros y mexicanos afectados directamente o indirectamente por la política de Donald Trump.

Más de 100 instancias y expertos en investigación, asesoría y protección de los derechos humanos de los migrantes firmaron un pronunciamiento para solicitar la puesta en marcha de acciones más solidarias.

El pasado 25 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas con instrucciones para la construcción de un muro en la frontera con México.

Además, asignar más agentes migratorios, construir nuevos centros de detención y exigir la cooperación entre autoridades estatales con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la aplicación de leyes migratorias para la eventual deportación de indocumentados que han cometido ciertos delitos.

Dos días después firmó otra orden colocando una restricción de 90 días a la entrada a ese país de personas provenientes de siete países (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen), así como la veda inmediata del programa de refugiados por 120 días.

Estas acciones, advierten los especialistas, han traído consigo no sólo miedo y confusión, sino también protestas de parte de la sociedad estadunidense.

Desde México, apunta el colectivo, ha sido muy clara la necesidad de fortalecer la protección consular para 11.5 millones que viven en Estados Unidos.

Sin embargo, no ha fijado una postura frente a dichas órdenes ejecutivas que a todas luces tendrán un impacto en México.

La protección que el país debe otorgar tiene que ir más allá de su población en el exterior, advirtió.

México tiene que asegurarles acceso a vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, justicia y documentos de identidad.

Para lograrlo es fundamental realizar cambios administrativos y legislativos que faciliten la inscripción de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria, la revalidación de estudios y la certificación de habilidades vocacionales, así como garantizar la no discriminación en el acceso a servicios con base en la nacionalidad o situación migratoria de las personas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, entre 2015 y 2016 México detuvo a casi 400 mil personas migrantes provenientes del triángulo norte de Centroamérica, muchas de las cuales pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños y adolescentes, solicitantes de asilo, víctimas de delito y personas con salud precaria.

De ellas, apenas 0.5 por ciento tuvo la posibilidad de contar con protección internacional en el país y no ser deportada a sus países de origen.

México, agregó, tiene que incluirse en el debate internacional contra la discriminación hacia la población migrante y refugiada.

Además de favorecer una solida articulación con los gobiernos de la región.