El diseño del Seguro Popular se hizo bien, pero le faltaron mecanismos de control sobre el uso del dinero en los estados. Por eso hubo fugas acumuladas de casi 9 mil millones de pesos en nueve años (2007 a 2015), principalmente durante las gestiones de Fausto Vallejo, en Michoacán; Ángel Aguirre, en Guerrero, y Javier Duarte, en Veracruz.

Estas tres administraciones adeudan 8 mil 675 millones de pesos, dinero que recibieron como cuota social y aportación solidaria federal, así como lo que ellos debieron haber invertido con la figura de aportación solidaria estatal (ASE). El destino de estos recursos se desconoce, señaló Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

En entrevista, el funcionario señaló que la Auditoría Superior de la Federación tiene denuncias sobre estos casos y los de otros cuatro estados que no han comprobado el uso de 417.4 millones de pesos. En total, faltan comprobaciones por 8 mil 817.5 millones de pesos, indicó.

Llamó la atención sobre la ASE, la cual representa un peso de cada cinco que las entidades reciben de la Federación. Para 2016 debió significar una inversión de los estados por 30 mil 820 millones de pesos. El problema es que no había manera de garantizar que los gobiernos locales hicieran ese desembolso para los servicios de salud.

Lo único que debían hacer era reportar –sin documentos probatorios– a la CNPSS la realización de alguna actividad entre la población o la donación de un terreno para la construcción de una unidad médica, por ejemplo.

En este año, solamente 11 estados reportaron aportaciones líquidas a los servicios de salud por mil 307 millones de pesos, es decir, menos de 5 por ciento de la ASE a escala nacional.

Debido a esa laxitud en las reglas, O’Shea estimó que sólo la mitad de los 30 mil millones de pesos se usaron, realmente, en temas sanitarios. Del resto no sabemos, admitió.

Eso explica las carencias que se han denunciado en las entidades y las deudas con proveedores, sobre todo cuando los gobernadores concluyen sus gestiones, porque la CNPSS ha transferido la totalidad del dinero que cada estado tiene asignado en función del número de afiliados, como establece la ley. No debemos un peso a nadie, afirmó O’Shea.

El comisionado anunció que a partir del primero de enero de 2017 entrarán en vigor los nuevos lineamientos para la integración de la ASE, los cuales determinan la obligación de los gobiernos estatales de transferir en forma líquida, mediante depósitos bancarios, 30 por ciento de esta aportación, así como enviar los comprobantes de las transacciones y del uso que se haya dado al dinero.

Reglas laxas

Este año, ese 30 por ciento habría sido equivalente a más de 8 mil millones de pesos. Además, comentó O’Shea, siete estados pagan los tratamientos de diálisis y hemodiálisis para sus afiliados con insuficiencia renal crónica y los trasplantes renales para personas mayores de 18 años, los cuales no están en la cobertura del Seguro Popular.

Los nuevos lineamientos prevén esta situación y autorizan que 20 por ciento de la ASE se asigne a este tipo de acciones. Significa, señaló el titular de la CNPSS, que en al menos la mitad de la apotación tendremos la absoluta certeza de que se invierte en los servicios médicos para los afiliados del Seguro Popular.

Lo otro son las deudas de las entidades, documentadas por la comisión. Llama la atención que a pesar de la facilidad con que se acredita el gasto de la ASE, Michoacán tenga un pendiente de poco más de mil millones de pesos de 2007 a 2013 por este concepto y Tabasco adeude 63.5 millones del periodo 2014-2015.

La mayoría de los gastos sin comprobar de 2007 a 2015 son de la cuota social y la aportación solidaria federal (alrededor de 8 mil millones de pesos), en específico de Michoacán, Guerrero y Veracruz. Es lo que se debió invertir en compra de medicinas, material de curación, pago de salarios y prestaciones, entre otros rubros indispensables en la operación de los servicios médicos.

En el mismo lapso de nueve años, la CNPSS ha recibido a escala nacional comprobaciones de gasto por 545 mil 501 millones de pesos, que representan 99 por ciento del total del dinero asignado al Seguro Popular.