A casi nueve años de que estallaron las tres huelgas mineras, en Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora, a las afectaciones laborales se añade la erosión de la economía de estas comunidades. Sin embargo, el gobierno no ha obligado a Grupo México a dialogar con el Sindicato Nacional de Mineros para terminar el conflicto, señaló el secretario general de esta organización, Napoleón Gómez Urrutia.

En la quinta Reunión de productividad, eficiencia, seguridad, higiene y derechos laborales, que tuvo lugar en Vancouver, Canadá, el dirigente planteó que los mineros han demostrado ante diversas instancias judiciales y laborales que dichas huelgas derivaron de distintas violaciones a los contratos colectivos de trabajo y las pésimas condiciones de seguridad que existían en el interior de las minas y ponían en riesgo la integridad física e incluso la vida de los trabajadores.

Expuso que el inicio de los paros evitó que se repitieran nuevos desastres como el homicidio industrial de Pasta de Conchos, que ha quedado impune, pero ha trascurrido casi una década sin que se siente a negociar al dueño de la empresa, German Larrea, para lograr un acuerdo para levantar estos movimientos y se ponga fin a los abusos cometidos por el consorcio.

Atrocidades sin freno

Ha sido muy fuerte el daño económico ocasionado a las comunidades donde están las minas, y a ello se suma el hecho de que Grupo México casi acabó con la economía de las regiones aledañas a los ríos Sonora y Bacanuchi, donde el derrame de más de 400 millones de litros de agua con metales cancerígenos afectó la salud de casi 22 mil familias. Al parecer no hay quien pare las violaciones y atrocidades cometidas por este consorcio, dijo.

En la reunión de productividad, sostuvo, se ha revisado la necesidad de avanzar hacia la aplicación de un nuevo sindicalismo, y procurar una prosperidad compartida, en la que los trabajadores tengan mejores ingresos y los patrones utilidades justas, por lo que uno de los objetivos de la organización es impulsar la formación de nuevos líderes sindicales, capacitados, que incluso tendrán becas en el Tecnológico de Monterrey y cursos en diversos países.

En esta reunión, representantes de trabajadores y empresas acordaron demandar que el gobierno federal otorgue garantías necesarias para el regreso a México de su dirigente, Gómez Urrutia, que se ponga fin a la persecución política y al exilio forzado del mismo; que haya más oportunidades laborales en la industria minero-metalúrgica para mujeres, y que es necesario llegar a acuerdos en pos de la seguridad e higiene de los centros de trabajo, entre otros puntos.