Las medidas de compensación para las inmobiliarias que desarrollan proyectos de más de 10 mil metros cuadrados ya existen, pero en la mayoría de los casos no se cumplen o se realizan en sitios diferentes de donde se construyen, afirmaron representantes vecinales de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Xochimilco.

El problema es que los recursos van directamente a Finanzas, y es el gobierno central el que decide dónde realizar las obras de mitigación, y no necesariamente es donde se realizan los desarrollos, afirmaron.

Magda Hofman, del comité ciudadano de la colonia Cuauhtémoc, indicó que en el caso de las torres sobre Paseo de la Reforma, después de cinco años de lucha han logrado que los desarrolladores hagan obras adicionales a las que están obligados, pero no es una situación que se repita en otras zonas.

Arnoldo Martínez, de Vecinos Unidos de las Águilas, consideró que en lugar de agregar más impuestos, como el de la plusvalía, el tema de las medidas de compensación debe ser retomado por los asambleístas, para que la mitigación al medio ambiente y los servicios urbanos se hagan en el lugar donde se construye, y se supervise que se cumplan.

Hoy día, ni en los proyectos privados ni en los de obra pública se hace, refirió, y puso de ejemplo el caso de la Autopista Urbana Poniente y el deprimido Mixcoac, que no han cumplido con la restauración de áreas verdes, o la plaza comercial Oasis, que para resolver el problema vial se había comprometido a realizar un paso sobre Miguel Ángel de Quevedo, que jamás se llevó a cabo.

Construcción de la Torre Manacar, en Insurgentes y Río MixcoacFoto María Luisa Severiano

Los desarrolladores inmobiliarios destinan 7 por ciento del costo de la obra en impuestos, derechos y manifestaciones, sin considerar los pagos ilegales ante diversas autoridades para que salgan rápido los trámites, que llegan a ser de 2 por ciento.

El presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex Ciudad de México y ex consejero del Infonavit, Federico Sobrino, explicó que dentro de los gravámenes a pagar están las medidas de mitigación, que pueden ser en especie o en efectivo, que no siempre se realizan en el lugar intervenido.

La imposición de un nuevo gravamen, como el mecanismo de plusvalía, provocará, sin embargo, no sólo una ola de amparos y migración de empresas a otros estados, sino más invasiones de inmuebles para satisfacer una demanda de vivienda, alertó.

Alejandro Kuri Pherez, vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, destacó que los impuestos que pagan los desarrolladores antes de iniciar una obra es muy alto; sólo la Torre Reforma tuvo que erogar alrededor de 560 millones de pesos.

Además de ese gravamen de 7 por ciento, deben pagar un estudio de desfogue y soluciones de vialidades, como pasos a desnivel en Ejército Nacional, que tocó a Antara; o el túnel de Mixcoac, donde participa la Torre Manacar, pero compete al gobierno capitalino determinar el lugar.