Culiacán, Sin.

El gobernador Mario López Valdez, Malova, calificó de malos empresarios a los directivos de la firma estadunidense Andrew and Williamson Fresh Produce, luego de enterarse de que tres integrantes de la familia Espinoza Pablos, ex socios de los extranjeros para la siembra y comercialización de hortalizas en Sinaloa, los demandaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en esta ciudad.

En 2009 el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, pidió a su homólogo sinaloense intervenir en el conflicto ante la posibilidad de que la empresa quebrara por las maniobras jurídicas de los hermanos José Gonzalo, Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos.

Documentos del expediente indican que las pérdidas para los estadunidenses ascienden a un millón 600 mil dólares, a lo que debe sumarse lo que querrían obtener los Espinoza, así como el presidente de la junta de conciliación, Fausto Rubén Ibarra Celis, y el actuario, quienes se han prestado a un tratamiento fraudulento del caso.

Fuentes cercanas al caso, ahora en manos de la JLCA, señalan que Vega de Lamadrid dijo a López Valdez que conocía a estos inversionistas, que tenían prestigio en la región, que pagaban bien, daban seguridad social y vivienda a los jornaleros, pero ahora estaban en problemas. Sin embargo, el gobernador de Sinaloa sólo escuchó y al final respondió que los estadunidenses eran malos empresarios que afectaban a los trabajadores.

Los tres hermanos crearon en 2002 la empresa EPSA (Espinoza Pablos, SA) para asociarse con Andrew and Williamson Fresh Produce, de origen estadunidense y con presencia en ambos países.

En Sinaloa, la JLCA dio por buena la versión de los Espinoza. José Gonzalo aseguró que percibía un sueldo de 49 mil 897.57 pesos diarios (más de un millón al mes) y condenó a los patrones estadunidenses a pagarle una indemnización por despido injustificado de 59 millones 127 mil 908.61 pesos, laudo inédito en la entidad.

Las fuentes allegadas al juicio señalaron que la JLCA olvida que los hermanos Espinoza eran socios (con 40 por ciento de las acciones) y, por lo tanto, patrones de la empresa, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera Culiacán-Navolato, en la comunidad de Aguaruto, y no ameritaban trato de empleados.

Los trabajadores están inconformes con el cierre de la empacadora de hortalizas, que llegó a cultivar cerca de 200 hectáreas de jitomate, pepino y chile, en invernadero y a campo abierto.

En el expediente, los abogados de la firma estadunidense consideran sospechosa la actuación del personal de la Dirección de Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General de Justicia del Estado –que llevó el caso por instrucciones de Marco Antonio Higuera Gómez, su titular, ya que estaba en manos de la agencia del Ministerio Público especializada en delitos contra la actividad comercial–, pues en sólo 13 días resolvió el no ejercicio de la acción penal a pesar de que se trataba de un documento de 40 mil fojas.

Ahora, el juzgado cuarto de distrito, al cual acudieron los empresarios extranjeros para interponer la demanda de amparo 223/2016, reclama al Ministerio Público que haya resuelto sin investigar el caso ni desahogar las pruebas presentadas por una de las partes.