La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha abierto el expediente 2/2016/7880/Q, con la denuncia de Josefina Canela Coli, que incluye una investigación sobre la presunta ejecución extrajudicial de su hijo Ismael Coli Canela y otros siete jóvenes por efectivos del Ejército Mexicano.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre, cuando ocho jóvenes se dirigían al trabajo en una camioneta que fue embestida por elementos del 16 Regimiento de Caballería Motorizada, que después abrió fuego indiscriminado y dio tiros de gracia a corta distancia, como demuestran un video y 23 fotografías en poder del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Estamos ante una evidente ejecución arbitraria o extrajudicial, porque así lo demuestran los testimonios, el video y las fotografías. Los militares dicen que fue una agresión, pero no es verdad: hubo persecución y luego ejecución de los ocupantes de la camioneta, que se habían rendido. Al final tenemos ocho cuerpos, seis de los cuales tienen heridas en la cabeza producidas a corta distancia y estando sometidos, señala en entrevista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Manipulación de cuerpos

Las víctimas son Edwin Cruz García, Ismael Coli Canela, Francisco Marcelino Ibarra Pantoja, Ángel Hernández Torres, Leonardo Rendón Aguilar, Fernando Alonso Hernández, Juan Pablo Herrera Jáquez y Ricardo René Pineda Gallegos.

Además de estas ocho personas, fue alcanzada por los disparos de los soldados una mujer de 27 años, que viajaba con sus hijos de dos y cinco años en un vehículo conducido por su padre. La bala que recibió en el pulmón le provocó la muerte cuando era llevada al hospital del IMSS.

“Estamos en la etapa de investigación. El equipo de peritos de la CNDH está aquí para recabar información. La versión oficial del Ejército de que fue un ‘enfrentamiento’ ya se cayó, no es sostenible.”

El boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dice que los militares realizaban un patrullaje por la zona del aeropuerto a las 12:50 horas cuando los tripulantes del vehículo militar número 0916303 fueron agredidos por los tripulantes de la camioneta blanca.

La versión oficial asegura que los jóvenes les lanzaron artefactos metálicos denominados ponchallantas en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura del kilómetro 13: Viendo que no había vehículos o personas ajenas a los hechos, personal militar procedió a repeler la agresión, la cual en ese momento era real, actual e inminente.

Sin embargo, Ramos señala que, según las pruebas y testimonios que tienen, la realidad es otra: “En el lugar de los hechos encontramos más de 55 impactos en paredes a lo largo de un kilómetro, y la camioneta también tenía 60 impactos. Estamos hablando de 110 disparos realizados por los soldados, mientras el vehículo militar presenta sólo tres impactos.

Existe una diferencia de fuego muy grande; (éste) es un indicio de la ejecución y el otro es la manipulación de cuerpos. En el video vemos cómo dos hombres que viajaban en la camioneta blanca bajan corriendo por su vida de espaldas a los militares, sin que se aprecie que vayan armados ni con chalecos. Sin embargo, ellos aparecieron ejecutados, uno con un arma sobrepuesta y el otro con un chaleco antibalas sobrepuesto.

Afirma que las seis personas que quedaron dentro de la camioneta presentaban tiros en la cabeza: Por eso estamos pidiendo una segunda necropsia, para que se analicen bien los cuerpos, porque en estos hechos no se hizo un levantamiento de cadáveres minucioso, prácticamente los llevaron como reses a la funeraria, sin un trabajo de criminalística de campo. Obviamente, la Procuraduría General de la República (PGR) en estos casos no investiga de oficio, pero estamos pidiendo una averiguación sobre la posición víctima-victimario o tirador y agresor, entre comillas.

PGR, omisa

Ramos señala que, según los más recientes resultados de las investigaciones, todo indica que los mandos están ordenando a sus tropas que cometan esas ejecuciones sin importar los protocolos, las leyes ni los crímenes de Estado como el de Tlatlaya.

Esto nos habla de que el Ejército no está en las calles para proteger, sino para mantener un estado de terror desde las instituciones. En agosto hubo 25 personas fallecidas en Nuevo Laredo, en las mismas condiciones de disparos en la cabeza (hechos) por los militares. Y eso lo sabe muy bien el propio secretario de la Defensa, pero como la gente tiene miedo de denunciar y la PGR no investiga de oficio, no se indaga y las pruebas se van al cementerio, dice Ramos.

Explica que la PGR en Tamaulipas ha sido muy omisa con los crímenes de Estado: “No ha consignado a ningún militar, marino o federal en los pasados 10 años, a pesar de que hay denuncias de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

El delegado de la PGR ha hecho un trabajo nefasto en materia de derechos humanos y procuración de justicia. Por eso estamos pidiendo que el Ejército sea investigado por estos hechos, que se le suspenda y sean sancionados los militares que ejecutaron a estas personas. Que deje de matar civiles, en lugar de ponerlos a disposición de la autoridad.

Desde que ocurrieron los hechos, Ramos ha sido amenazado de muerte, por lo que la CNDH abrió una investigación y le otorgó medidas cautelares para su seguridad.

Lo notifiqué al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, porque el mismo Ejército, en una página informativa, ha estado alimentando odios de manera anónima; con gente que ellos saben quiénes son han estado vertiendo amenazas directas de muerte hacia mí. Ya tenemos las pruebas y las denuncias.

Josefina Canela, de 39 años, dice que no se cansará de exigir justicia: Yo sé que no me van a regresar a mi hijo, pero por lo menos que los militares paguen por lo que hicieron; ya es mucho lo que han hecho aquí en Nuevo Laredo, tanto los militares, marinos y los policías federales. Son crímenes de Estado. No es la primera vez que matan muchachos, pero las familias se quedan calladas, sólo se resignan con la muerte, sepultan a sus difuntos y allí se acaba todo.