Dos años después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó terminar con las prácticas monopólicas que ejerce la trasnacional japonesa Mitsubishi en Exportadora de Sal (Essa), la Cámara de Diputados no tiene reportes de que en la empresa se haya modificado el esquema de ventas.

Ante ese panorama, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exigir la información respectiva a la Secretaría de Economía, así como preguntar a la ASF si la dependencia respondió a sus observaciones sobre la compra y venta de sal.

Essa está constituida como sociedad anónima, donde el gobierno mexicano posee 51 por ciento de las acciones y Mitsubishi 49 por ciento, y es una empresa que depende de la Secretaría de Economía.

En su propuesta, que se turnó a comisiones, el diputado Salomón Tamez Guajardo recordó que en su auditoría de 2014 sobre la cuenta pública 2013, la ASF encontró que desde 1977 Mitsubishi goza de los derechos de compra, venta y distribución exclusiva de la sal mexicana en todo el mundo.

Condiciones desfavorables

Tomando en cuenta que Mitsubishi es socio minoritario de Essa, la auditoría advierte condiciones desfavorables para ésta y beneficios para la compañía japonesa... en razón de que no se establecen condiciones equitativas, lo que limita la actuación de la entidad para acceder a nuevos mercados y evaluar otras alternativas de venta, dijo el legislador.

Expuso que la ASF recomendó revisar y modificar esas condiciones y corregir las prácticas monopólicas, porque éstas generan daños al patrimonio de la salinera.

Citó que en la investigación los auditores detectaron que Essa vende a Mitsubishi la tonelada métrica de sal entre 10 y 26 dólares, pero la empresa japonesa las revende al precio del mercado internacional, entre 50 y 80 dólares.

Comentó que hasta ahora la Secretaría de Economía y Essa no han informado si atendieron la petición del órgano fiscalizador, y ante ello se requiere que esa dependencia, así como la Función Pública, la propia salinera y la ASF informen si hay una investigación de qué funcionarios permiten la pérdida de ingresos por los beneficios que se otorgan a Mitsubishi.

También se pide saber si hay procesos de responsabilidades administrativas, pues la auditoría recomendó iniciar un expediente a los integrantes del consejo de administración.

Salomón Tamez resaltó que Economía debe investigar y sancionar las irregularidades cometidas por funcionarios públicos en perjuicio del patrimonio de Essa, y la Función Pública debería presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la probable comisión de delitos por servidores públicos.

Insistió en que la ASF solicitó romper con las condiciones de exclusividad a Mitsubishi, así como modificar la estrategia de comercialización de sal, para que Essa venda su producto en los mercados internacionales, y fijar los precios por encima de los costos de producción y en concordancia con el mercado internacional.