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Lo acusan de traficar con recién nacidos

Pedirán pena máxima contra ex procurador del menor de Sonora
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2016, p. 29

Hermosillo, Son.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitará que se aplique la pena máxima de 50 años de prisión contra Vladimir Arzate Carbajal, detenido la tarde del martes por agentes de la Policía Estatal Investigadora por tráfico de infantes cuando era procurador de Defensa del Menor, durante el gobierno del panista Guillermo Padrés Elías.

Según la averiguación previa 01/2015, Arzate negociaba la venta de recién nacidos del Hospital Infantil del Estado y los entregaba a parejas por cerca de 130 mil pesos. En 11 casos se confirmó la venta de igual número de menores, hijos de mujeres pobres con problemas de adicción.

Rodolfo Montes de Oca Mena, titular de la PGJE, explicó que en marzo de 2015 se inició una averiguación previa contra el acusado –quien fue capturado en un rancho ubicado entre las ciudades de Naco y Agua Prieta–, por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, y por sustracción y tráfico de menores.

En agosto de aquel año, dijo, el juez sexto de distrito del ramo penal solicitó órdenes de aprehensión en contra de José Manuel Hernández López, Vladimir Arzate Carbajal y Emma Consuelo Falcón Etchechury antes de que la Procuraduría General de la República atrajera el caso.

Agregó que al inicio de la presente administración se iniciaron las indagatorias para dar con los principales operadores de la red de tráfico de menores.

Arzate Carbajal rendirá declaración preparatoria conforme al sistema tradicional, pues la averiguación previa se elaboró antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal, señaló.

El inculpado fue trasladado a Hermosillo para ser puesto a disposición del juez sexto penal del fuero común y lo internaron en el Centro de Readaptación Social número 1 de Hermosillo. Como el delito que se le imputa es grave, no alcanza libertad bajo fianza.

Los presuntos implicados en esta red de tráfico de menores podrían enfrentar penas de entre cinco y 40 años de prisión.