Los rectores de la universidades públicas estamos muy preocupados por el presupuesto que se pretende asignar a estas instituciones, aseguró Tonatiuh Bravo Padilla, de la Universidad de Guadalajara (UdeG) quien precisó que llevarán a la Camara de Diputados su petición de incremento de recursos para 2017.

Estamos platicando a través de la Anuies (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) y mantenemos reuniones bilaterales para luego hacer nuestro planteamiento a los diputados, pero también al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Hacienda. Creeemos que debe haber un gran acuerdo en favor de la educación media superior y superior.

El rector de la UdeG explicó que las universidades públicas estatales empredimos una gran cantidad de acciones para incrementar la matrícula en estos tres años y así poder llegar a la meta presidencial de al menos 40 por ciento de cobertura en nivel superior, y al menos 80 por ciento de cobertura en media superior, y este recorte evidentemente pone en riesgo el cumplimiento de este objetivo.

Indicó que debe haber reasignaciones que permitan al menos un crecimiento real de 3.5 por ciento para la educación superior y media-superior. Detalló que el incremento para la Universidad de Guadalajara fue de 3.3 por ciento, lo que en términos reales se traduce en un alza de cero por ciento, porque es lo que creció la inflación. Precisó que lo mismo ocurrió a las demás casas de estudio públicas estatales.

Por eso estamos planteando que se reconsidere y se dé una aumento real de 3.5 por ciento, o sea por arriba de la inflación. El incremento tendría que ser de 6.8 por ciento total, dijo.

Añadió que los rectores están solicitando que “se reconsidere la disminución del presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Planteamos que cuando menos se disminuya en 60 por ciento el tamaño del recorte que se piensa hacer al sector de ciencia y tecnología, el cual es un poco superior a 20 por ciento.

Sostuvo que es un monto significativo el que se pretende quitar a ese sector, lo cual se traducirá en afectaciones a los investigadores nacionales, a los programas de posgrado y a proyectos de investigación y vinculación.