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Corrupción y falta de recursos impiden erradicar el flagelo

Exigen ONG mejorar el combate contra la trata y explotación sexual
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de septiembre de 2016, p. 7

En el día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas, la Red de organismos civiles Todos los derechos para todos y todas aseguró que la impunidad, corrupción y falta de recursos impiden combatir este flagelo, mientras los delitos aumentan cada año.

Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que de 2009 a 2013 se iniciaron en todo el país mil 513 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, pero sólo hubo 125 sentencias condenatorias (dos de casos investigados por la Procuraduría General de la República y 123 de autoridades locales).

De las averiguaciones previas, 434 correspondieron a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y mil 79 a procuradurías estatales.

La red resaltó que en su informe Estadística sobre la procuración de justicia y el combate a la trata de personas en México 2010-2013, el Observatorio Nacional Ciudadano afirmó que Chiapas, Veracruz y Tlaxcala son los estados con el mayor nivel de averiguaciones previas del país.

Indicó que los datos “arrojan un preocupante contraste entre número de víctimas y personas condenadas en proceso judicial, pues de mil 629 víctimas reportadas por las procuradurías locales se da cuenta de 643 detenidos, 371 juicios y sólo 84 personas condenadas por este delito.

Las medidas implementadas en México para combatir la trata de personas resultan dispersas e insuficientes, ya que existe una marcada ineficiencia en la procuración e impartición de justicia.

Consideró que la actuación del gobierno parece ser aislada, asistemática, sin diagnósticos serios sobre la situación y, por tanto, sin objetivos ni planes específicos para la erradicación de este problema, afirmó el colectivo de organizaciones civiles.

Exigió a las autoridades de los distintos niveles de gobierno combatir frontalmente la corrupción e impunidad y etiquetar recursos económicos específicos para el combate del delito.