La Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobernación y el Ministerio Público Federal impugnaron la resolución del juzgado segundo de distrito en materia administrativa que semanas atrás ordenó al gobierno federal devolver a más de 7 mil braceros o sus familiares los recursos descontados de sus salarios entre 1942 y 1964, cuando laboraron legalmente en Estados Unidos.

La sentencia impugnada mediante un recurso de revisión es inusual por su tono político y de reproche al Estado mexicano, pues sostiene que les asiste la razón a los quejosos a efecto de que se conteste la petición en sentido favorable a sus pretensiones y les sea devuelto su dinero, sin que pretexte el Estado que se llegaría a poner en riesgo las finanzas públicas.

La juez Paula García (hoy magistrada de circuito) fue quien redactó la resolución, en la cual sostuvo que para recordar un poco la historia, el Estado mexicano ha convertido en deuda pública deudas privadas que pusieron en riesgo el sistema financiero, como sucedió con el llamado Fobaproa; pretende salvar con una ley el desfalco producto del llamado Ficrea, pretende asimismo hacerse cargo de los problemas financieros de Pemex. En todos estos casos la deuda que el Estado ha asumido o asumirá no era suya.

En su sentencia, la juez consideró que el apoyo social que desde hace una década se entrega a dichos trabajadores transfronterizos es sólo un paliativo, por lo que el gobierno mexicano tiene que encontrar el dinero y reintegrarlo a los quejosos.

Desde 2005, la Secretaría de Gobernación ha coordinado el pago del apoyo social de 38 mil pesos a decenas de miles de braceros o sus herederos.

Les asiste la razón a los quejosos a efecto de que se conteste la petición en sentido favorable a sus pretensiones y les sea devuelto su dinero, sin que pretexte el Estado que se llegaría a poner en riesgo las finanzas públicas, dijo en su momento la juez.

El convenio de 1942 entre ambos gobiernos estipulaba que Estados Unidos descontaría 10 por ciento del salario de los braceros para un fondo de ahorro, que les sería devuelto al regresar a México.

En teoría, el dinero fue transferido de bancos estadunidenses al Banco Nacional de Crédito Agrícola, que ya no existe, y al Banco del Ahorro Nacional, ahora conocido como Bansefi.

Los quejosos que ganaron el amparo presentaron en julio de 2015 un escrito para pedir el dinero del fondo de ahorro, pero Gobernación respondió que sólo puede pagar apoyos sociales a quienes se dieron de alta en 2005 y 2008.

En febrero de 2015, Bansefi denunció que había detectado al menos 456 casos de personas que cobraron los 38 mil pesos presentando documentos apócrifos.