En el dictamen consolidado de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionado con las 14 elecciones locales efectuadas en junio pasado, se destaca que las principales irregularidades en que incurrieron los partidos y candidatos independientes fueron gasto no reportado, no comprobado, registro extemporáneo de operaciones, omisión en la entrega del informe y casas de campaña no reportadas.

Con base en datos del dictamen se destaca que las multas totales que pretende aplicar el INE a partidos y candidatos independientes serán de 395 millones 414 mil pesos, de los cuales 355.3 millones corresponden a partidos políticos nacionales, 27.7 millones a partidos locales y 12.2 millones de pesos a candidatos independientes.

Según el concentrado de información del presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Ciro Murayama, más de la cuarta parte de las multas que el Consejo General podría aprobar el jueves próximo –105.6 millones de pesos–, 26.7 por ciento del total corresponde a gasto no reportado por partidos y candidatos. Además, 55.8 millones –14.1 por ciento del total– serán aplicados por gasto no comprobado y 49.6 millones de pesos por la incorporación extemporánea de las operaciones en el sistema de fiscalización.

Principales irregularidades

Las principales irregularidades detectadas por la Comisión de Fiscalización son: ingresos no comprobados o no reportados; omisiones en la apertura de cuentas bancarias (obligatorias para partidos y candidatos); no informar de la agenda de eventos; rebasar el tope de aportaciones privadas, y contratar con proveedores no incorporados en el registro nacional en esa materia.

Conforme al documento de Murayama, en Baja California sólo se renovaron las cinco presidencias municipales y paradójicamente el monto de las sanciones a aplicar por irregularidades es de 46 millones de pesos. Antes están Oaxaca, con 55.1 millones; Chihuahua, 53.2, e Hidalgo, con 49.7 millones de pesos.

Se detectó que 22 candidatos rebasaron topes de gastos de campaña, destacando Juliana Carrasco, del PVEM, quien violó el tope con 191 por ciento en su pretensión de ser alcaldesa de Soledad Etla, Oaxaca, y Amada Sánchez, quien buscaba la presidencia municipal de Huamantla, Tlaxcala, con 110 por ciento, así como Guillermo Benítez, candidato a diputado local en Los Tuxtlas, Veracruz, que rebasó con 115 por ciento el máximo legal para gastar.