Morelia, Mich.

El cardenal Alberto Suárez Inda sostuvo que su postura en contra de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo no intenta negar la dignidad ni los derechos de persona alguna; solamente hay que llamar por su nombre a dos realidades diversas.

La víspera, Suárez Inda declaró a un medio electrónico nacional: “Perdón que use esta expresión, un tanto vulgar, pero alguien me decía: ‘Yo tengo un tornillo; lo que necesito es una tuerca, no otro tornillo’”. Ayer, en el escrito En defensa del matrimonio, reiteró su respeto y consideración a todas las personas, sin distinción de origen, creencia religiosa, filiación política o identidad sexual.

El cardenal subrayó, sin embargo, que no es lo mismo un matrimonio que se establece entre un hombre y una mujer con posibilidad de procrear hijos, que la unión o pacto de convivencia entre dos personas del mismo sexo.

El también arzobispo de Morelia aseveró: Mi única intención es defender al matrimonio, la vida y la familia como base de la sociedad.

Dijo también que una ley buena y justa siempre ha de tener como fundamento e intención fortalecer la armonía y la paz en el respeto a las diferencias y a los derechos de las personas.

Afirmó que ante las lamentables iniciativas y los cambios legales promovidos por nuestras autoridades civiles a nivel federal y estatal en favor del matrimonio llamado igualitario, motivados en un supuesto propósito de luchar contra la discriminación, me permito, como ciudadano con sentido de responsabilidad social, disentir de esa postura.

Otro principio básico universalmente reconocido, apuntó, es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Tanto los niños como las niñas tienen derecho a tener un papá y una mamá. Si se atenta contra este derecho, se pone en riesgo la armonía de la familia, que es el fundamento de la paz social.

Por otra parte, la Unión Nacional de Padres de Familia aseveró que la protección de la familia natural no debe ofender a nadie; por el contrario, toda política pública debe tener como eje central la protección de aquella.

Se deben promover leyes que permitan su sano desarrollo y la formación integral de sus miembros, pues es el primer y principal núcleo de la sociedad.