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Informe del ombudsman al Congreso local

Guanajuato: más tortura y muerte en separos de la policía
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A la mesa, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de Guanajuato, Isidoro Bazaldúa Lugo; el procurador de los derechos humanos del estado, Gustavo Rodríguez –quien entregó ayer su informe de actividades correspondiente a 2015–; la diputada María Guadalupe Velazquez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, y Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de los diputados del Partido Acción NacionalFoto Carlos García B.
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 15 de abril de 2016, p. 28

Guanajuato, Gto.

Entre 2013 y 2015 las muertes de detenidos en separos de las policías municipales se elevaron de dos a nueve, y las quejas por tortura aumentaron de 19 a 26, reveló el informe 2015 de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) presentado al Congreso local.

En los tres años recientes murieron 18 ciudadanos en las celdas, dos en 2013, siete en 2014 y nueve en 2015. Por estos casos la PDHG emitió cuatro recomendaciones y sobreseyó cinco por decisión de los familiares de las víctimas, señaló el presidente del organismo, Gustavo Rodríguez Junquera.

En 2013, el ombudsman local integró 19 quejas por tortura; en 2014, 21 y en 2015 sumaron 26. De estas últimas, 22 fueron contra policías ministeriales, dos involucran a elementos de seguridad pública del estado, una a guardias del penal de Valle de Santiago y otra a policías de León.

En el informe, el ombudsman advirtió que la tortura en el estado ha llegado a grados inimaginables de crueldad.

En cuanto a las quejas de periodistas, en 2014 se presentaron tres y en 2015, siete.

La PDHG detalló que integró 352 quejas contra direcciones de seguridad pública, 214 contra la Procuraduría General de Justicia del Estado y 163 contra la Secretaría de Seguridad del Estado.

Asimismo, se abrieron 91 investigaciones contra el ayuntamiento de León, 74 que implican al de Irapuato, 37 al de Celaya y 68 contra el resto de los municipios y otras autoridades.

El organismo investiga siete denuncias por abusos y discriminación contra indígenas por el gobierno de León y emitió una medida precautoria para garantizar la integridad de una otomí golpeada y amenazada por vender dulces.