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Premian alcaldes al titular de la SSP de Veracruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de abril de 2016, p. 28

Xalapa, Ver.

Un grupo de alcaldes de la cuenca del Papaloapan y diputados locales de los partidos Revolucionario y Nueva Alianza otorgaron un reconocimiento a Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), por la disminución de la incidencia delictiva en la zona, como parte de la operación Blindaje Cosamaloapan.

El estado, sin embargo, enfrenta una crisis de inseguridad agravada por el involucramiento de policías estatales y municipales en la desaparición de personas en Tierra Blanca, Papantla y Actopan, y por los recientes casos de violación de adolescentes en Boca del Río, entre otros hechos.

El reconocimiento se hizo en una reunión efectuada la mañana de ayer en Cosamaloapan, ante diputados locales, empresarios, cañeros, ganaderos y los 17 alcaldes de la región.

En fotografías difundidas por el funcionario de Seguridad Pública después de recibir el premio, destaca la presencia del diputado de Nueva Alianza Juan René Chiunti Hernández, cuyo hermano Jorge fue secuestrado en abril de 2013.

El 26 de enero pasado, 20 días después de que cinco jóvenes de Tierra Blanca fueron desaparecidos por policías estatales, colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Córdoba, Orizaba, Tierra Blanca y Veracruz se plantaron fuera de la Fiscalía General del Estado y pidieron la renuncia de Bermúdez Zurita.

Es una burla, señala madre de desaparecida

No es posible que Bermúdez reciba este premio cuando sus elementos están implicados en secuestros y desaparición forzada, dijo Aracely Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo, desaparecida en 2012.

Aracely Salcedo recordó que el 26 de enero el gobernador Javier Duarte no ignoró sus peticiones, sino que anunció en rueda de prensa que Bermúdez continuaría en el cargo. Este premio es una burla a las familias de las víctimas”, dijo.

El 2 de abril Javier Duarte recibió un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos por garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el estado, donde al menos 17 comunicadores han sido asesinados durante su gestión.