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El Correo Ilustrado

Aclaración de CFE

S

obre la nota titulada Apoyos oficiales apuntalan a petroleros y electricistas, publicada este lunes 14 de marzo en la página 5 de La Jornada, me permito hacerle las siguientes precisiones:

Es totalmente falso que existan modificaciones recientes al esquema de pensiones y jubilaciones o se hayan acordado restructuras al personal o despidos en la Comisión Federal de Electricidad, como afirma la nota. La última revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-Suterm se realizó en abril de 2014. Es importante resaltar que la renegociación de este Contrato Colectivo de Trabajo vence en mayo de 2016. Actualmente la CFE, los trabajadores y el sindicato se encuentran en pláticas sobre este particular.

También es absolutamente falso que la CFE y el Suterm, o su dirigencia, tengan un convenio para privatizar, desmantelar, o eliminar más de 5 mil plazas de trabajo de la CFE.

Finalmente, le aclaro que el fondo común de préstamos se integra por 11 millones de pesos, pero sus recursos no constituyen un flujo de efectivo para el Suterm, como afirma la nota. El Suterm debe reintegrar este fondo a la CFE, a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

Agradezco la publicación íntegra de esta información con el objeto de que sus lectores tengan una completa información sobre el tema.

 José Luis Leyva, gerente de Comunicación Social CFE

Critican recorte de topógrafos del tribunal agrario

En nuestro país se aplican enormes e inconstitucionales privilegios para un pequeño grupo de ciudadanos, como los del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales, Ifai y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre muchos otros, quienes gozan de salarios desproporcionados de más de medio millón de pesos al mes y adicionalmente el pago de diversos gastos como ayuda para renta y para útiles escolares, chofer, renta de autos de lujo, celular, pensiones, etcétera.

Por el contrario, y en el extremo de esta situación, están otros ciudadanos como los indígenas y campesinos, quienes enfrentan los despojos de sus tierras y recursos naturales, y apenas tienen lo mínimo para gastos de transportes y otros que se generan en los juicios donde tienen que comparecer a defender los intereses de sus comunidades.

Es el caso de los tribunales agrarios, que a partir de enero de este año, por disposición del Tribunal Superior Agrario, han dado de baja a los peritos topógrafos, los cuales, desde que se crearon los tribunales, habían realizado el trabajo y dictamen de perito tercero en los juicios agrarios y en la ejecución de resoluciones.

Ahora exigen que los indígenas y campesinos paguen un perito tercero, aduciendo que les han recortado el presupuesto. ¿Por qué tienen que cargar con el peso de estos gastos quienes no tienen nada, mientras otros despilfarran el dinero público en privilegios personales que resultan ofensivos y que rayan en lo obsceno?

Abogados litigantes Bárbara Zamora, Santos García, Manuel Fuentes, Humberto Oseguera, Samuel Porras, Leonor Rojo, Bernardino Hernández, Juan de la Cruz, Sebastián de Paz, Juan Marín, Juan Osorio, Ignacio Ramírez, Juan Jiménez

Piden llamar a cuentas al Ejército por Ayotzinapa

La nota titulada El Ejército está en las calles porque la autoridad civil no hizo su trabajo (La Jornada, 13/03/16), de Gustavo Castillo y Arturo Sánchez, debe leerse y releerse porque refleja con gran claridad las contradicciones en las que incurre el general José Carlos Beltrán, director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Beltrán sostiene que si las fuerzas armadas han tenido que realizar tareas de seguridad pública se debe a que alguna autoridad civil dejó de hacer su trabajo. Surgen dudas: ¿cuál es la función de las fuerzas armadas en Guerrero?, si su presencia en Guerrero sería porque la autoridad civil no cumplió con sus labores, ¿por qué no intervino el Ejército (siendo que estuvo presente), en su obligación de evitar la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa? Siguiendo lo sostenido por el general Beltrán, como el Ejército Mexicano dejó de cumplir con su tarea de garantizar seguridad pública, incluida la de los normalistas, debe ser llamado a cuentas y regresar a sus cuarteles en cumplimiento del artículo 129 constitucional.

Pilar Noriega García

Negligencia en el Issste

Los académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Ajusco, manifestamos nuestra total indignación ante los sucesos de negligencia médica que están poniendo en riesgo la salud del compañero y profesor Mario Villamil Granados, profesor de esta institución, quien fue internado desde el pasado martes 8 de marzo en el hospital del Issste Dr. Darío Fernández, a consecuencia de un accidente que le afectó el codo de la mano izquierda. Al ser atendido se colocó al maestro una férula y se le programó para ser intervenido quirúrgicamente el domingo 13 a las diez horas, pero tal situación nunca ocurrió, y ante la presión de sus familiares la operación se reprogramó para el día de hoy lunes 14, la cual tuvo que ser cancelada ante una extendida infección provocada por la falta de atención adecuada. Ante esta situación, exigimos que la dirección general del Issste brinde una conveniente atención para el pronto restablecimiento de nuestro compañero académico.

Comunidad Académica UPN Ajusco. Doctora Leticia Rocha Herrera

Proponen recuperar movilidad peatonal en Tlatelolco

Recientemente, Laura Ballesteros Mancilla, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, presentó los ejes del programa en la materia del gobierno local, que, enfatizó, apuesta a mover personas más que vehículos y convertir a la entidad en la ciudad del peatón. (La Jornada, 5/3/16)

Pero vale apuntalar  que los capitalinos, desde el surgimiento de la traza urbanística de Tlatelolco –en los años 60 del siglo XX–, vivieron el gran valor de la movilidad peatonal. Desafortunadamente, desde hace 10 años las autoridades correspondientes han segregado su carácter peatonal al permitir que se instalen cuantiosas casetas telefónicas, además de que circulen motos, autos y bicicletas en los andadores destinados al viandante. Por lo anterior, urge se instalen avisos que indiquen su prohibición, así como bolardos en zonas conflictivas.

El Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco es símbolo de la movilidad peatonal desde antes de la modernidad que le destina algunas calles del Centro Histórico y el proyecto Camina Masaryk.

Adrián Arellano M. 

Solicitan no recortar recursos académicos al IPN

La COFAA es un organismo descentralizado que apoya las actividades de investigadores del Instituto Politécnico Nacional con asistencia a congresos, publicación de investigaciones y realización de actos académicos nacionales e internacionales.

Estamos apenas en las calendas de marzo y se anuncian suspensiones a tales apoyos por razones presupuestales. Eso no debe ocurrir tratándose de ciencia, tecnología, educación e innovación. Pido a la SEP y a Hacienda el otorgamiento de tales recursos económicos, ya que la actividad académica no es posible detenerla, a menos que queramos detener al desarrollo del país.

Dr. Rubén Mares Gallardo

Invitación

Foro sobre derecho de los pueblos en la UNAM

Hacemos una cordial invitación al foro Construcción de poder popular desde los derechos de los pueblos, a realizarse el miércoles 16 de marzo, de 14 a 17 horas, en el auditorio Gabino Fraga de la Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria. Contaremos con la presencia de Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco; Joaquín Ortega Esquivel, abogado del Snttass; Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleno; Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata; Ricardo Ovando, del Sistema de Agua Potable de Tecámac AC, e integrantes de diferentes movimientos de resistencia contra el despojo en el estado de México. Centro de Estudiantes de Derecho, UNAM