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Cristina Fernández, investigada por supuestas anomalías en la venta de dólar futuro

La ex presidenta de Argentina es citada a declarar por un juez

El ex ministro de Economía y el anterior titular del banco central también deberán comparecer

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2016, p. 16

Buenos Aires.

El juez argentino Claudio Bonadio, a quien se atribuye una abierta persecución política contra funcionarios del gobierno anterior al del presidente actual, Mauricio Macri, citó a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el próximo 13 de abril, por supuestas irregularidades en la venta del dólar futuro, así como al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del banco central Alejandro Vanoli.

Organizaciones políticas y movimientos sociales que apoyaron al gobierno de Fernández, así como asociaciones independientes, llamaron a acompañar a la ex mandataria a tribunales en una gran marcha, bajo la consigna: Si la citan a ella, nos citan a todos.

La diputada del Frente para la Victoria Diana Conti calificó la decisión de Bonadio de claro gesto persecutorio político y hermoso regalo que hace el juez a Macri, a días de que inaugure un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso.

Con ese accionar intentan tapar con noticias de esta índole las impericias del gobierno actual y las inequidades que están golpeando a la sociedad argentina, expresó la diputada. Añadió: Quien liberó el dólar e hizo que esté en el precio que ahora se encuentra (15.60) es el gobierno macrista. Nosotros teníamos otro esquema de intervención de distintos tipos de dólar. El senador Juan Manuel Abal Medina tildó de despropósito esa comparecencia.

Bonadio ha sido acusado por diversos actos de injusticia contra personas de bajos recursos y persecución. De igual forma, por actos que se consideran de corrupción, pero logró mantenerse en su cargo por la evidente protección de los poderosos medios opuestos al gobierno kirchnerista.

Para esta indagatoria se basa en una causa abierta durante la campaña electoral por los diputados de la gobernante Cambiemos Federico Pinedo y Mario Negri, por el delito de defraudación contra la administración pública.

El llamado a indagatoria es el paso anterior para determinar el procesamiento o sobreseimiento de un imputado. Lo llamativo, aparte de la cantidad de causas que este magistrado tiene abiertas contra miembros de la administración Kirchner, es que su resolución se basa en dichos de actuales funcionarios, como el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y otros para asegurar que el banco central tuvo un quebranto por las ventas de dólar a futuro decididas por la antigua administración, señala un análisis de Diario Registrado, el cual afirma que Bonadio argumenta que se generó un pasivo porque la cotización actual ronda 15 pesos por dólar a partir de la liberación cambiaria que impulsó el gobierno macrista. ¿Bonadio culpa a la gestión anterior por generar una deuda por no atenerse a las intenciones del mercado que clamaba por una devaluación que el actual gobierno aplicó?, pregunta el medio.

La actitud del juzgador

El análisis advierte que no resulta casual que la actitud de Bonadio coincida con lo realizado en horas recientes por el vicepresidente de la Asociación de Magistrados (derechistas), Ricardo Sáenz, quien trabajó en la instalación de la causa del fallecido fiscal Alberto Nisman sugiriendo el asesinato para lograr debilitar la imagen del gobierno. Sáenz y Bonadio han tenido una política abiertamente persecutoria contra el gobierno anterior y, particularmente, contra la ex presidenta.

Ahora, con el apoyo de la Corte Suprema y del Grupo Clarín, que ha sido la empresa más beneficiada por las medidas de Macri, ambos magistrados se han lanzado a lo que denuncian un grupo de abogados como una peligrosa cacería política, que va más allá de los deberes de la justicia.

Bonadio abrió apresuradamente varias causas contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el ex ministro de Salud, Juan Luis Manzur; el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y gran cantidad de funcionarios.

Moreno está acusado de incitar a la violencia colectiva y peculado por la difusión de frases de contenido hostil contra Grupo Clarín en actos públicos, disponiendo el embargo de sus bienes. La persecución política es también evidente en los despidos masivos.