El gobierno federal no puede ser al único que se atribuyan responsabilidades frente a escenarios de inseguridad que se viven en diferentes regiones, planteó el presidente Enrique Peña Nieto ante los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La administración federal, espetó, siempre ha mostrado disposición, actitud constructiva y de adhesión a los esfuerzos de los órdenes locales para atender los problemas de seguridad porque ésta es una tarea de todos y no sólo del gobierno de la República.

Nadie puede evadir su responsabilidad, insistió. El de la seguridad es un desafío presente y constante para asegurar mejores condiciones para la sociedad.

Peña clausuró en Palacio Nacional la 39 sesión de ese organismo colegiado. Allí respondió a Adelina Lobo, representante de la sociedad civil quien había denunciado la facilidad y bajo precio por el cual hoy los jóvenes pueden obtener drogas.

Tener casos específicos aislados, crecientes, no necesariamente significa incumplimiento en fin de disminuir y evitar el consumo, aseguró el mandatario.

De no haber emprendido los esfuerzos que hoy se continúan, tampoco podríamos decir, habría qué adivinar entonces, qué sociedad y escenarios tendríamos.

Insistió en su rechazo a la legalización del uso de la mariguana, pero también en el impulso a un debate para arribar a políticas públicas por las cuales evitar mayor consumo de drogas y hacer conciencia en la sociedad de los efectos provocados por aquéllas.

El objetivo no es ser distintos, diferentes quizá, del resto del mundo, o parecidos a las reglas que han adoptado algunos países, sino cuidar la salud de la población, y eso no debe perderse de vista en el debate, concluyó el mandatario.

Con los gobernadores del país, legisladores y funcionarios federales y locales de la administración y procuración de justicia, así como miembros del gabinete, como los titulares de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Hacienda, Peña defendió la estrategia de su administración en el combate a la violencia.

Hoy se atienden, aseguró, las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias. Y a las tareas de prevención se han destinado 7 mil 700 millones de pesos para una población objetivo de 5 millones; la planeación se convirtió en herramienta básica, se trabaja en coordinación de los tres órdenes de gobierno y se han transformado los ámbitos policial y de procuración de justicia.

Con esas medidas y otras tendientes al respeto de los derechos humanos, hemos avanzado; si bien no estamos plenamente satisfechos porque sabemos que nos falta todavía camino por recorrer, hay cifras alentadoras como la reducción de 12 por ciento en la incidencia delictiva en los primeros 11 meses del año, respecto al mismo periodo de 2012.

Y para el mismo lapso los homicidios dolosos disminuyeron 22 por ciento y en las entidades de la frontera norte, casi 45 por ciento; el robo con violencia de vehículos y el robo en carreteras bajó más de 24 por ciento; el secuestro decreció 27 por ciento y 30 por ciento las extorsiones, y ya no representan peligro 96 de los 122 delincuentes más buscados.

Hacia adelante y frente al desafío irrenunciable del Estado de atender la inseguridad, las líneas de acción a seguir serán: acelerar la profesionalización y dignificación de las corporaciones policíacas, especialmente en el orden local; concretar el sistema de respuesta inmediata en casos de urgencia con el número 911; apoyar la aplicación plena del nuevo sistema de justicia penal; reforzar las acciones y controles para garantizar el respeto y protección a los derechos humanos, y fortalecer la participación ciudadana en el diseño, instrumentación y aplicación de la política de Estado en materia de seguridad y justicia.

Sobre esto último, resaltó la existencia de toda una sociedad civil organizada activa y propositiva para orientar, compartir experiencias y proponer acciones y políticas públicas para avanzar en materia de seguridad y justicia.

Y en relación con los derechos humanos precisó que una vez transformadas las leyes, instituciones y políticas para el ejercicio pleno y a cabalidad de los valores universales, lo que sigue ahora es llevarlos a la práctica cotidiana, sobre todo de quienes están involucrados en la prevención, procuración y administración de justicia.