l aspirante a ministro #Tlatlaya, Alejandro Gómez Sánchez, pretendió hacer ante senadores una autoexculpación que en realidad lo pinta de cuerpo entero como inadmisible para ocupar un asiento en la de por sí cada vez menos confiable corte federal de administración de justicia. Alegó que, según posteriores observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), miembros del Ejército habrían sido los responsables de modificar el escenario de los crímenes que fueron obra… de miembros del Ejército. Las variaciones y evidencias estaban, obviamente, disponibles desde el primer momento de los asesinatos, y el procurador Gómez, al igual que su jefe inmediato, el gobernador Eruviel Ávila, prefirieron encubrir al personal castrense, saliendo disparados ante los medios de comunicación a ofrecer una visión que pretendía dejar todo en un mero enfrentamiento, cuando luego se ha sabido que fueron ejecuciones de presuntos criminales de alta peligrosidad, pero ya desarmados y rendidos.

La inclusión de esta carta abiertamente marcada (la de Gómez Sánchez), y su eventual rechazo por los senadores, no debe propiciar la ilusión de que escogiendo de entre el mazo restante se tendrá un buen desenlace. Ahora se habla con insistencia de que las negociaciones cupulares apuntan, en la terna varonil, a Javier Laynez Potisek, quien es magistrado del tribunal fiscal y administrativo y ha sido procurador fiscal de la Federación, consejero jurídico adjunto de la Presidencia de la República y subprocurador en la PGR, y, en la terna femenil, a Norma Lucía Piña, quien ocupó la secretaría de estudio y cuenta con la ministra Olga Sánchez Cordero y es actual magistrada de circuito, quien ha buscado fallidamente en dos ocasiones ocupar cargos en la carrera judicial. Dada la mala conformación de las dos listas de aspirantes a ministros de la Corte que envió Enrique Peña Nieto, por debajo de las necesidades del crítico momento que vive la administración de la justicia y con evidentes vinculaciones e inclinaciones grupales, el Senado debería rechazar ese par de listas y exigir mejores perfiles. Pero lo más probable es que todo se resuelva con pragmatismo y desaseo, para beneficio de las facciones participantes.

Luego de los disparejos resultados en Michoacán y Veracruz, las fuerzas punitivas de Aurelio Nuño se encaminan hacia Oaxaca, adonde se ha anunciado que serán enviados entre ocho mil y 10 mil policías federales (además de los que ya están) para garantizar que se puedan realizar los procesos de evaluación educativa que allí enfrentarán la mayor resistencia organizada que se ha visto hasta ahora, con Chiapas y Guerrero en lista de espera. Siendo el principal eje de la oposición a la llamada reforma educativa, la sección 22 está en la mira federal como si la próxima evaluación constituyera la Madre de todas las batallas: vencer en su casa a la emblemática organización magisterial oaxaqueña desalentaría al resto del movimiento, de la misma manera que una resistencia vigorosa daría ejemplo a los opositores en otras partes del país.

A la dureza de la confrontación previsible se añade en Oaxaca el batidillo electoral en curso, con grupos priístas en ácida búsqueda de la postulación a la gubernatura de dos años que relevará al decepcionante Gabino Cué. Destacan en esa reyerta las facciones encabezadas por José Murat y por Ulises Ruiz. El primero, uno de los creadores de la idea del Pacto por México, y de su posterior operación en términos partidistas y legislativos, impulsa a su hijo, Alejandro Murat, quien ocupa la dirección del Infonavit y en los fines de semana encabeza actos masivos, giras y actividades varias en Oaxaca. Los Murat, cabe recordar, fueron señalados como partícipes en operaciones inmobiliarias de alto nivel en el extranjero, bajo sospechas de corrupción que nunca fueron despejadas. Ruiz, por su parte, tiene una cartera de promovidos más amplia, fundamentalmente con la intención de cerrar el paso al grupo de quien fue su antecesor en el gobierno. Ulises Ruiz es el responsable histórico, en la jurisdicción estatal, de la estela de represión impune que se desató contra el movimiento social de 2006, nucleado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Si algo no ha cambiado en México durante 47 años es la presencia de Javier López Rodríguez, Chabelo, en la programación de Televisa dirigida al público infantil. El 6 de diciembre de 1968, con Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República (a dos meses y pocos días de la matanza de estudiantes en Tlatelolco), inició el programa denominado En familia con Chabelo. Nacido en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935, el longevo animador está en vías de dejar (el mes que entra) los foros de la principal televisora mexicana.

Otra salida del aire es la de Laura Bozzo, especialista en programas de baja estofa que pretenden denunciar distorsiones sociales y conflictos familiares, con ánimos netamente amarillistas y pretensiones moralistas. Bozzo queda en espera de nuevos proyectos, pues Televisa le renovó su contrato de exclusividad, y hay incluso versiones de que ahora se enfocaría a trabajos de periodismo social. En los corrillos relacionados con el mundo televisivo se insiste en que dejará Joaquín López Dóriga la conducción de El noticiero, sobre todo a raíz de las acusaciones judiciales que ha presentado la empresaria María Asunción Aramburuzabala (ayer, por su carrera periodística, JLD recibió en Madrid el premio Ondas de la cadena SER, del grupo Prisa Radio). Tales restructuraciones se dan en la empresa dirigida por Emilio Azcárraga Jean mientras Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, sigue en problemas económicos, y en tanto arranca la nueva cadena de televisión abierta del Grupo Imagen Multimedia, de Olegario Vázquez Aldir.

Y, mientras en Minneápolis y en Chicago aumenta la tensión y el riesgo de fuertes confrontaciones raciales, a causa de brutalidad policiaca y agresiones impunes de civiles blancos contra la comunidad negra, ¡hasta mañana!

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