El Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por los casos de este ilícito cometidos el 16 de junio de 2009 por elementos del Ejército en Baja California en agravio de cuatro hombres.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), Amnistía Internacional (AI) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, acompañados de Mayra López, familiar de uno de los detenidos, señalaron que esta condena se trata de un hecho histórico en el combate contra esta práctica en el país, que día a día crece con impunidad.

Madeleine Penman, de AI, recordó que las quejas por tortura presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aumentaron 600 por ciento en México entre 2003 y 2013, mientras José Guevara, director ejecutivo de la Cmdpdh, especificó que entre 2007 y 2014 se presentaron más de 4 mil denuncias por este ilícito ante la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales mil son imputables a militares como responsables. “A la fecha –precisó– no hay sentencias”.

Descontrol total en la PGR

AI advirtió que en la PGR hay un descontrol total en torno a la información sobre tortura. Están en un proceso de depuración intensiva y no nos pueden decir de dónde vienen estas denuncias o quienes son las víctimas.

Sin embargo, subrayó, en estas prácticas hay una variedad de involucramiento de la Policía Federal, la Marina o el Ejército, además de que vemos una recurrencia del uso de la tortura en cuanto a la fabricación de delitos de delincuencia organizada y secuestro.

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura concluyó en el caso mencionado que México violó artículos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el caso de Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez.

Señaló que el Estado no tomó medidas eficaces para impedir los actos de tortura durante la detención y arraigo de las cuatro víctimas en instalaciones militares; omitió una investigación de oficio, inmediata e imparcial; no hubo reparación del daño, y se dictó auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos narraron ayer, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, que los varones fueron detenidos sin orden de aprehensión en el municipio bajacaliforniano de Playas de Rosarito, acusados de ser los principales sospechosos de un secuestro.

Actualmente se encuentran presos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit.

Durante su arresto, traslado y arraigo en instalaciones del 28 batallón de infantería, ubicadas en Tijuana, en repetidas ocasiones recibieron golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte, con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas.

El comité de la ONU instó a las autoridades mexicanas a liberarlos de manera inmediata; iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre la tortura a la que fueron sometidos, y procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables.

También, conceder a las víctimas una plena reparación del daño, incluida una indemnización justa y adecuada tanto para ellos como para sus familias, así como rehabilitación lo más completa posible.

Asimismo, eliminar la figura del arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar que toda violación a las garantías individuales sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria o civil.

El gobierno mexicano tiene 90 días para responder al comité de la ONU.