Inamovible, imperturbable, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, resistió el asedio mediático sin salirse del guión, sin dejar ningún resquicio de duda sobre la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, su jefe, que lo llevó al cargo y le encomendó investigarlo por posible conflicto de intereses, en el affaire de la llamada Casa Blanca. Nada cometió que fuera objeto de censura.

Con la ambigüedad como consigna en cada respuesta, dejó en el aire múltiples cuestionamientos y dudas elementales:

¿Se interrogó o no al Presidente a lo largo de las diligencias? ¿Si a los 111 funcionarios que estuvieron involucrados en el otorgamiento de los 33 contratos del gobierno federal a las empresas de Juan Armando Hinojosa (del Grupo Higa) y Arturo San Román, se les investigaron sus correos electrónicos? ¿Si se indagaron los vínculos previos, cuando era gobernador mexiquense; si se analizó la relación entre el escándalo que generó en su momento la Casa Blanca y la cancelación del proyecto del tren rápido México-Querétaro, con el Grupo Higa como uno de los ganadores de la licitación? ¿Se revisaron las relaciones de amistad del Presidente con los citados empresarios? ¿Se investigaron los contratos de esas empresas?

Durante tres horas, Andrade apeló a los malabares verbales para no apartarse de la verdad oficial previamente anunciada en un pronunciamiento inicial de casi una hora, aunque tras la maratónica conferencia las suspicacias originales persistieran.

El secretario osciló entre recitar una y otra vez el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (sobre conflicto de intereses) que no fue mancillado por el Presidente, y reivindicar las concesiones gubernamentales que en estos seis meses se han hecho en respuesta al escándalo suscitado cuando se conoció la compra de la Casa Blanca (reformas constitucionales, el Sistema Nacional Anticorrupción y un largo etcétera).

–¿No considera que hubo un conflicto de intereses, desde el hecho de que el Presidente lo nombró a usted para que lo investigara?

–Diría que lejos de pensar en que una persona disponga de mi cargo, si hay cuestiones ilegales que me solicitaran, yo sería el primero en renunciar –acotó para negar tal supuesto.

–¿Satisfecho con la investigación?

Andrade hizo mutis y salió al paso con el eufemismo de que cada ciudadano es el que establece la revisión y los juicios respecto del comportamiento de la autoridad.

La convocatoria a los medios para el previsible anuncio de la exoneración presidencial atrajo a comunicadores nacionales y extranjeros, de manera tal que se celebró en el auditorio de la SFP. Andrade estuvo acompañado de sus subsecretarios, que atestiguaron el despliegue discursivo de su jefe ante decenas de preguntas e inquietudes que se le plantearon. Incluso, hasta de la forma como se indagó la relación de compadrazgo entre Peña Nieto e Hinojosa.

Ninguna pregunta le alteró el ánimo. Siempre pausado, se diría que en tono didáctico, explicó una y otra vez las razones por las que, de acuerdo con la ley, el Presidente es inocente. Las relaciones de amistad no están prohibidas, pero en su caso el conflicto de intereses no se materializa con la amistad, se materializa cuando en función de alguna relación personal, familiar y de negocios el servidor público rompe con el principio de imparcialidad, indicó.

–¿Entrevistaron a Juan Armando Hinojosa?

No hubo respuesta.

–¿Declaró o no el Presidente?

Tampoco hubo respuesta.

–¿No cree usted que falta credibilidad a su investigación porque no se haya ahondado en la relación previa con Hinojosa y los contratos del estado de México?

–En México, la forma de investigar el conflicto de intereses, tratándose de servidores públicos del gobierno federal, es a partir de que ocupan sus cargos y, por tanto, los hechos que están sujetos de investigación son: si como ejercicio de su conducta como servidores públicos federales influyeron en la asignación de los contratos de obra pública.

Andrade asumió la responsabilidad personal de haber cancelado la integración de un grupo de expertos a las pesquisas.

Todo ello para rubricar, en torno a la credibilidad de la investigación, que la tarea de la secretaría es poner a disposición todo el expediente con la dimensión jurídica del asunto, más allá de las interpretaciones y juicios que se le quiera dar.