La Procuraduría General de la República (PGR) hizo este lunes su último intento por convencer al juez federal Alejandro Caballero Vértiz de que no conceda la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo y se sacó de la manga un argumento que hizo reír a la maestra y a su abogado Marco Antonio del Toro Carazo.

‘‘Sí existe el riesgo de que se evada de la justicia, al tener residencia en el extranjero’’, soltó el agente del Ministerio Público Federal Hugo Sánchez Rodríguez, al hacer uso de la voz durante la audiencia de vista del procedimiento en que la maestra solicitó la prisión domiciliaria.

Gordillo (presente en la diligencia mediante el sistema de videoconferencia) y su abogado rieron, movieron la cabeza e hicieron gesticulaciones que denotaban su incredulidad mientras escuchaban al fiscal de la PGR.

La propia maestra –a quien se veía con más peso que en febrero de 2013, cuando se realizó la audiencia de declaración preparatoria– pidió el uso de la palabra para sostener que es ‘‘orgullosamente mexicana’’, que nunca ha tenido residencia en el extranjero y que mientras fue dirigente magisterial no podía vivir fuera de México, por lo que únicamente salía del país durante sus vacaciones.

La profesora también pidió aplicarle la ley sin ningún sesgo político: ‘‘Quisiera precisar con todo respeto al Ministerio Público tenga a bien aplicar la ley sin ningún sesgo político, al Poder Judicial, perdón’’, aclaró.

Aunque antes del inicio de la diligencia (comenzó a las 11:25 horas y concluyó a las 13:05), el abogado Del Toro había manifestado que a más tardar este martes el juez Caballero resolvería si otorgaba la prisión domiciliaria; cuando acabó la misma el litigante aclaró que por un ‘‘pendiente legal’’ habrá que esperar un poco más de lo previsto.

El juez Caballero es el responsable de juzgar a Gordillo por delincuencia organizada y lavado de dinero. En entrevista posterior a la audiencia, el abogado precisó que deberá esperar al menos un par de días (muy probablemente hasta el jueves de esta semana) antes que el juez pueda estar en condiciones de determinar si otorga el beneficio de ley a la maestra, ya que por ahora el juzgador está impedido legalmente para emitir ese fallo, porque está vigente un recurso de apelación ante un tribunal de alzada interpuesto por los abogados de la acusada.

Después de que se falle, explicó Del Toro, se tendrá que pedir la prisión domiciliaria al juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire, quien instruye un juicio por defraudación fiscal grave contra Gordillo.

La diligencia de ayer no fue ciento por ciento pública, y aunque el juez desde el viernes pasado autorizó el ingreso de los medios de comunicación, sólo tuvieron acceso a la audiencia un total de siete periodistas, debido a que las autoridades consideraron que no había espacio suficiente para toda la prensa.

Si el juez acata diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cumple con lo que establecen varios artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, a más tardar el martes de esta misma semana deberá emitir un acuerdo en el que indique si autoriza la prisión preventiva en favor de la profesora, quien en febrero pasado cumplió 70 años de edad y cuyo estado de salud –asegura su defensa– es delicado.

La de este lunes no fue la primera ocasión en que las cámaras de television grabaron a la maestra participando en una audiencia en el juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Oriente, pues eso mismo ocurrió el miércoles 27 de febrero de 2013 (en la audiencia de declaración preparatoria), unas horas después de su detención en el aeropuerto internacional de Toluca.

Según la acusación de la PGR, entre marzo de 2009 y enero de 2012 una persona, identificada como Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, realizó 22 transferencias de fondos a la compañía Neiman Marcus por un total de 2 millones 100 mil dólares. Esta mujer se encuentra detenida. Otra persona de nombre Isaías Gallardo Chávez realizó transferencias bancarias internacionales a la misma cadena de tiendas por 900 mil dólares, para pagar la tarjeta 047970004041 a nombre de la lideresa magisterial.

La PGR sostiene que el dinero de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ocupó, entre otras cosas, para pagar una tarjeta de crédito de la mencionada cadena de tiendas por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares.