urante cinco meses el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvo respuestas elusivas a su petición de entrevistar directamente y sin presiones a 16 militares adscritos al 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, Guerrero, donde fueron testigos de parte de los acontecimientos que desembocaron en la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

No había recibido el citado GIEI una negativa abierta, pero las excusas y la argumentación oficial permitían avizorar el no que finalmente se dio a conocer ayer, cuando la Secretaría de Gobernación hizo saber que tales miembros de las fuerzas armadas mexicanas solamente podrían responder a un cuestionario por escrito, sin presencia de los expertos independientes y obviamente sin contrapreguntas. Según la administración federal, un encuentro directo de esos elementos castrenses con los expertos independientes pondría en riesgo la legalidad de la investigación, aunque esos mismos expertos ya se han reunido con otros testigos o partícipes, en juntas organizadas por el propio gobierno mexicano (por la PGR o la Policía Federal, por ejemplo), sin que se hubieran advertido en esas sesiones con civiles los riesgos del debido proceso, como ha sucedido a la hora de buscar el testimonio (no un interrogatorio judicial en forma) de esos soldados que al ser sustraídos tan tajantemente del proceso de indagaciones independientes parecieran convertirse en elementos claves.

Impedir que esos 16 militares hablen con libertad frente al grupo de expertos que actúa por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del gobierno de Enrique Peña Nieto y de los familiares de los 43 desaparecidos, arroja legítimas dudas sobre lo que realmente sucedió en aquellas horas oscuras y el papel exacto (tal vez de complicidad, activa o pasiva, por ejemplo) del Ejército, que desde un principio ha estado en primera línea de la sospecha o las abiertas acusaciones, sobre todo de parte de los activistas, padres y parientes de los jóvenes que aspiraban a ser profesores.

A esa negativa tan cargada de significados se añade el señalamiento del GIEI de que importantes videograbaciones de los hechos fueron destruidas y que diverso material probatorio no fue dado a conocer a los padres de familia. Todo ello contribuye a tensar el ambiente cuando se acerca el primer aniversario de acontecimientos que siguen en la impunidad y a los que se ha querido lanzar al olvido mediante la infame verdad histórica dada a conocer por el sombrío y falaz Jesús Murillo Karam. Dado que aún falta mucho por saber, y ante la evidencia de que testigos y pruebas han sido escamoteados, es necesario que el citado GIEI prorrogue su estancia indagatoria en México, lo que el gobierno peñista desea impedir.

Pocas palabras son también las que se pueden argumentar en pro del desconcertante nombramiento de Miguel Basáñez Ebergenyi como carta de Enrique Peña Nieto para la embajada de México en Estados Unidos. Con valía en su expediente académico (licenciatura en derecho por la UNAM, dos maestrías en instituciones extranjeras y, en una de éstas, un doctorado), su historial político registra como punto cumbre el haber sido secretario particular de Alfredo del Mazo González cuando éste fue secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal (1986) con Miguel de la Madrid como presidente de la República. Antes había estado a cargo de encuestas de opinión pública para Los Pinos, actividad en la que ha tenido relieve y ha formado parte de organizaciones internacionales de demoscopía. Además, Basáñez fue procurador de justicia del estado de México. Hasta ahora era director asociado del Instituto de Cambio Cultural de la Escuela Flechter de la Universidad Tufts, cerca de Boston, Massachusetts.

Pero el arribo, una extraña reactivación política, de Basáñez a un cargo diplomático de máxima importancia lleva como principal prenda la cercanía personal con Enrique Peña Nieto por la vía de su tío Del Mazo González. Esa característica grupal, familiar, parece insuficiente e incluso desafortunada en un entorno enrarecido por el activismo del precandidato republicano Donald Trump contra los migrantes mexicanos, el enojo de la Casa Blanca por la fuga de El Chapo (cuya explicación de ingeniería subterránea independiente no creen en aquellos lares), e incluso frente a las cartas del personaje enviado por Estados Unidos a México, Roberta Jacobson, quien era subsecretaria para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado y pieza importante en la diplomacia fina que llevó a la histórica reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba (proceso histórico del que México estuvo ausente, a pesar de las décadas de solidaridad con la isla, justamente por ese declive en la Secretaría de Relaciones Exteriores, agudizado en la etapa de Vicente Fox y Jorge Castañeda, y ahora también en condiciones lamentables con José Antonio Meade y Peña Nieto (y su tío).

Astillas:

Por el túnel de la edad cumplida (70 años) y el mal estado de salud, al peñismo está por escapársele Elba Esther Gordillo rumbo a alguna de sus magnas residencias. Los abogados gubernamentales tratan de posponer el desenlace, pero la ruta de salida está legalmente trazada… Tal como estaba más que cantado, el queretano Ricardo Anaya es el nuevo presidente del PAN, luego de arrollar, con buenas y malas artes (más las segundas, según lo que se va conociendo) al chihuahuense Javier Corral. Con este resultado crecen las expectativas del diputado electo Gustavo Madero y del gobernador poblano Rafael Moreno Valle de alcanzar la candidatura presidencial en 2018, mientras decrecen las de por sí poco sustentadas de Margarita Zavala, pues junto con Corral el gran derrotado fue el calderonismo… En el PRI se ha cerrado la fase de teatralidad de campaña interna y Manlio Fabio Beltrones, junto con el candado puesto por Atlacomulco, Carolina Monroy del Mazo (también sobrina de su tío), quedaron como candidatos únicos a la presidencia y la secretaría general… ¡Hasta mañana!

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