La secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar (PT), instó a la Secretaría de Gobernación a investigar y, en su caso, aplicar medidas legales contra el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, por haber incurrido en actos de discriminación contra la mujer, en su homilía del pasado 2 de agosto.

Ese día, durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el prelado dijo que el costo –a pagar por los hombres– de que las esposas y madres trabajen es muy alto, pues conduce a una sociedad quizá más rentable mecánicamente, pero menos rentable humanamente.

La diputada federal argumentó que tal señalamiento altera la igualdad entre las personas y viola los derechos de la mujer. Ningún programa de igualdad de derechos es válido si no se tiene en cuenta lo que significa ser mujer y madre, y en su dicho Norberto Rivera la reduce a una pieza productiva más dentro del mecanismo de desarrollo de la sociedad.

Incluso, aquel domingo, el arzobispo apuntó otras ideas de su catalogo personal sobre la mujer: “cuando más se estime, como mentalidad, el papel de la mujer en su dimensión conyugal y materna, es decir, en su dimensión personalista y no sólo en su dimensión productiva, monetaria, más se estará respetando lo que es la mujer en verdad.

Tenemos que advertir que, sin el trabajo que se realiza en el hogar, ningún empleado, ningún obrero sería rentable en su labor. Pues, ¿quién tiene ganas de trabajar cuando su casa es un simple hospedaje? ¿Quién se siente estimulado para tener una mejor empresa, o trabajar mejor en ella, cuando no hay quien atienda con amor sus necesidades básicas en el hogar?

Ante tal visión, la diputada Aguilar se inconformó porque las normas mexicanas reconocen y garantizan los derechos de hombres y mujeres por igual, quienes deben cumplir de la misma forma obligaciones, sin importar sexo o género, edad, estado civil, credo o condición social.

Particularmente, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que corresponde al Estado promover las condiciones de igualdad y libertad, mientras los poderes públicos deben eliminar aquellos obstáculos que las limiten. El Conapred debe valorar y determinar si las declaraciones vertidas por el cardenal Norberto Rivera Carrera constituyen actos discriminatorios. comentó.