Ciudad Juárez, Chih.

El tribunal oral integrado por las jueces Emma Terán Murillo, Catalina Ruiz Pacheco y Mirna Luz Rocha Pineda sentenció ayer por la tarde a 697 años y seis meses de prisión a cada uno de los cinco feminicidas que secuestraron, prostituyeron y asesinaron a 11 adolescentes y jóvenes cuyos restos óseos fueron encontrados entre 2011 y 2012 en el Arroyo del Navajo, municipio de Praxedis G. Guerrero, en la zona rural del Valle de Juárez.

Las madres de algunas víctimas se encontraban en el tribunal cuando se emitió la sentencia del llamado juicio del siglo y comenzaron a llorar y aplaudir.

Las mujeres libraron una larga lucha para que las autoridades investigaran la desaparición de sus hijas y aportaron elementos claves para ubicar a los culpables.

Los sentenciados por trata de personas y homicidio calificado son Víctor Manuel Vital Anguiano, Édgar Jesús Regalado Villa, César Félix Romero Esparza, Jesús Hernández Martínez y José Antonio Contreras Terraza. Cada uno deberá pagar además 43 mil 668 pesos a la familia de cada una de las jóvenes, siete de las cuales eran menores de edad.

Durante más de tres meses de juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que vinculan a los culpables con el rapto y asesinato de Jessica Terrazas Ortega, Daisy Ramírez Muñoz, Jazmín Salazar Ponce, Lizbeth Avilés García, Mónica Liliana Castillo, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre González, Andrea Guerrero Venzor, Idaly Jauche Laguna y Jessica Leticia Peña García.

La sentencia es la más larga que se haya emitido en la entidad.

Las jueces confirmaron el fallo de inocencia a Gerardo Puentes Alba, por falta de pruebas.

La resolución se dio a conocer en la sala 2 de la Ciudad Judicial, junto al Centro de Readaptación Social estatal, donde permanecen los cinco feminicidas.

Hace nueve días los cinco sujetos habían sido declarados culpables, pero faltaba que se emitiera la sentencia. Los acusados declararon ante el tribunal que eran chivos expiatorios, y el Ministerio Publico pidió sentencias de más de 800 años de cárcel, pues en la ley estatal se aplica sentencia por cada homicidio.

No obstante, el tribunal oral consideró que perpetraron los asesinatos como delito emergente, es decir, no hubo acuerdo previo, sino las mataron porque ya no les servían y para que no los delataran.

Norma Ledesma, abogada coadyuvante del Ministerio Público y vocera de la organización no gubernamental Justicia Para Nuestras Hijas, afirmó que los sentenciados son parte de una banda criminal que sigue operando.